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Terrorismo

Santi Potros, el etarra que mandó asesinar al general Garrido, sale este domingo en libertad

El exjefe de la banda ordenó el atentado de Hipercor y el del militar aragonés y su familia. Pasó en Zuera cuatro de los 30 años de cárcel que ha cumplido.

05/08/2018 a las 05:00
Santiago Arróspide Sarasola, 'Santi Potros', a la derecha, en su primera salida de prisión en 2014.EFE

Cuando este domingo salga en libertad de la prisión de Topas (Salamanca) después de haber estado 30 años en distintas cárceles (el tiempo máximo de cumplimiento de condena), el histórico etarra Santiago Arróspide Sarasola, ‘Santi Potros’, será la segunda vez que hace el mismo recorrido hacia su pueblo, Lasarte (Guipúzcoa), donde nació hace 70 años. Aunque quedó en libertad en diciembre de 2014, a los 45 días un juez ordenó su detención tras implicarle en dos atentados en Madrid y Barcelona. Fue condenado por la Audiencia Nacional a 94 años por un atentado en 1987 contra un vehículo de la Guardia Civil en el que murió Juan Fructuoso Gómez.

El exjefe del aparato militar de ETA en los años 80 ordenó los atentados más sangrientos de la banda, como el de Hipercor en Barcelona (21 muertos), el del autobús de la Guardia Civil en la plaza de República Dominicana de Madrid (12 fallecidos, uno de ellos el turolense Jesús Jiménez) o el del gobernador militar de San Sebastián, el general aragonés Rafael Garrido, quien fue asesinado con su mujer Daniela Velasco y su hijo Daniel. ‘Santi Potros’ acumulaba en España once sentencias que suman casi 3.000 años de prisión por atentados con 40 asesinados.

"No lo sabía, pero me da igual"

Fernando Garrido, hijo del general asesinado y conocido montañero aragonés que batió el récord de estancia en el pico Aconcagua en 1985, cree que el tiempo cicatriza las heridas. Aunque ignoraba que ‘Potros’ salía libre este domingo no se siente afectado y le da igual porque no recordaba ya ni los años a los que le condenaron en el juicio.

"ETA no tenía otra salida y ahora debemos ser unos buenos ganadores", defiende Fernando Garrido desde Jaca. "Esta gente, en general, me produce asco. Pero hubo uno de ellos (José Miguel Latasa) que me mandó una carta y yo le contesté porque parecía arrepentido", agrega el montañero que colaboró en un programa para víctimas. "Han perdido el apoyo popular y algunos no volverían a hacer lo mismo...".

Latasa declaró en el juicio que Santi Potros le ordenó ejecutar el atentado al gobernador militar, por el que fueron condenados en 1991 a 140 años por la Audiencia Nacional (Latasa quedó en libertad en 1998 por su colaboración).

"Santi Potros no es un etarra arrepentido sino un etarra proscrito", sostiene el periodista Florencio Domínguez, responsable del Centro Memorial de Víctimas de Terrorismo. "Cuando lo cogieron en Anglet (Francia) en 1987, con la documentación que le intervinieron se detuvieron a cien personas. Por eso fue expulsado de ETA. Luego, los fiscales llamaron a declarar a los etarras y declararon contra él para que lo condenaran", precisa.

La posición del etarra cuando fue extraditado a España en el año 2000, después de estar preso trece años en Francia, le llevó a criticar el atentado de ETA en la T4 del aeropuerto de Barajas en 2004 cuando estaban en negociaciones con el Gobierno de Zapatero. En 2009 fue trasladado desde la prisión del Puerto I (Cádiz) a la de Zuera, donde llegaron a llevar a 25 etarras ‘disidentes’ con la banda, de los que uno pocos se acogieron a la vía Nanclares, la del arrepentimiento y supuesta colaboración con la Justicia.

"Era muy importante la política de potenciar la disidencia porque hacía daño a ETA y además el trabajo que se hizo en Zuera con ellos fue muy importante porque no dieron problemas", señala un responsable de Interior de esos años, del Gobierno PSOE. "El acercamiento a Zuera y Villabona abría debates en la banda".

Pero Santi Potros no fue de los que hizo el camino hacia el norte de Nanclares como José Luis Urrusolo, Carmen Guisasola o Kepa Pikabea, sino que después de los cuatro años que permaneció en Zuera (2009-2013) en los módulos 1 y 7, donde convivían los etarras, lo mandaron a las cárceles de Villena, Estremera, Soto del Real y Topas por su actitud conflictiva. Solicitó una pensión de jubilado al Gobierno aragonés de 364 euros y tras concedérsela se la quitaron porque era para la responsabilidad civil de los atentados. Ahora pedirá una ayuda social al Gobierno vasco.





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