La crisis económica dejó, además de graves secuelas dentro de las fronteras españolas, consecuencias menos perceptibles a miles de kilómetros de distancia. Esa menor atención mediática esconde problemáticas de todo tipo. Una de ellas, quizá la más complicada, es la de los ciudadanos españoles con pocos recursos que han acabado presos en cárceles extranjeras tras caer en la trampa del dinero fácil de las redes de narcotráfico.

¿Cómo? Aceptando encargos para introducir fardos de droga en Europa procedente, sobre todo, de países sudamericanos. No es un asunto baladí: hasta 1.102 convictos de origen español están cautivos en penales de todo el mundo, la gran mayoría tras ser interceptados por los cuerpos policiales en asuntos de tráfico de drogas, según recoge la memoria de la Fundación +34, una oenegé que da apoyo a este tipo de presos.

De ese millar largo, apenas ocho son aragoneses. Una cifra que se ha venido reduciendo desde hace unos años, una vez que la captación y detención de mulas experimentara un auténtico auge entre 2008 y 2013. Hace dos años eran 14 los nacidos en Aragón que permanecían en cautiverio en países como Perú, Brasil, Turquía… donde las condiciones de hacinamiento, salubridad y alimentación son muy malas.

Este grupo de ciudadanos aragoneses van regresando e ingresando poco a poco en cárceles españolas. Recientemente hizo lo propio un joven zaragozano que había estado varios años en la prisión panameña de La Joya. En estos momentos se encuentra cumpliendo el resto de su condena en Zuera gracias a la intermediación del cónsul de Panamá, Joan Borrell, hijo del actual ministro de Exteriores.

También hay un veinteañero zaragozano, A. B. L., en Soto del Real, donde llegó después de pasar cuatro largos años en la cárcel colombiana de Palmira tras ser encausado por narcotráfico. Otra aragonesa, I. G. M., de 40 años, pasó algo más de doce meses confinada en Bolivia, de igual modo que su hijo mayor, de 18 años, que trataba de ayudarle a salir del país con un cargamento de droga.

Repatriados desde Perú

España repatrió el pasado viernes desde Perú a 66 españoles condenados en su mayoría por tráfico ilícito de drogas, entre ellos a 31 presos todavía con pena todavía pendiente y a otros 35 que salieron en libertad pero no disponían de medios para regresar al país.

Los 31 presos estaban encarcelados en cinco prisiones de Perú, entre ellas los establecimientos penitenciarios de Chincha, Callao, Castro Castro y Ancón, en el caso de los hombres, y de Chorrillos, donde estaban recluidas las mujeres. En este último estuvo presa una aragonesa.

La mayoría seguirá purgando su pena en la cárcel de Soto del Real (Madrid) tras embarcar en el aeropuerto limeño Jorge Chávez en un vuelo fletado por la Policía Nacional, que previamente había hecho escala en Bogotá para expulsar a 73 inmigrantes irregulares, entre ellos 68 colombianos y 5 peruanos.

Se trata del cuarto traslado colectivo de presos españoles desde cárceles de Perú, el país con mayor número de ciudadanos españoles encarcelados en el extranjero, quienes llegaron a ser más de 300 en 2016. "Ahora quedan cerca de 80", indicó el embajador de España en Perú, Ernesto de Zulueta, tras el acto de entrega de los presos por parte del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) de Perú a la policía española.