Los partidos aragoneses reclaman por unanimidad un nuevo sistema de financiación autonómica que tenga en cuenta el coste efectivo de los servicios, para lo que consideran «imprescindible» mejorar la capacidad tributaria de las autonomías, tanto en los impuestos cedidos como propios. Para ello, especifican tres medidas concretas, como son la integración del impuesto de Patrimonio en el IRPF, la armonización de Sucesiones y la creación de un tramo autonómico del IVA. Igualmente, reclaman regular por ley los impuestos medioambientales, de modo que el Estado fije qué pueden gravar las autonomías, cómo se calcula la base imponible y qué horquillas se pueden aplicar.

Todas estas medidas constan en el dictamen sobre financiación autonómica que se ha pactado por unanimidad en una comisión especial, constituida hace año y medio en las Cortes de Aragón para establecer criterios que sirvan de base a la DGA en su negociación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. El documento, al que ha tenido acceso HERALDO, se aprobará la próxima semana por el pleno de las Cortes. Y supondrá un hito, dado que el acuerdo no tiene fisuras, hasta el punto de que no se presentarán votos particulares.

Una medida fiscal compartida

El dictamen, que se remitirá a los gobiernos aragonés y central y al Consejo de Política Fiscal y Financiera, apunta una de las medidas ya propuestas hace casi un año por la comisión de expertos constituida por el Gobierno central: conceder una mayor capacidad tributaria a las comunidades mediante la creación de un «IVA colegiado» para que puedan subir o bajar dicho impuesto.

En el caso de Aragón, los grupos parlamentarios postulan concretamente que se valore «la posibilidad de que, a través de un acuerdo colectivo y colegiado de las comunidades autónomas, se establezca un tramo específico autonómico del IVA». El modelo actual establece un reparto a partes iguales de la recaudación del impuesto, pero las autonomías carecen de capacidad normativa sobre el mismo.

Los partidos también plantean que, de manera transitoria hasta que se apruebe una reforma del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, se establezca una horquilla de mínimos y máximos en toda España, «incluidos los territorios forales».

De este modo, se lograría la armonización fiscal que tanto defiende el Gobierno de Lambán, que ha convertido Aragón en el territorio en el que más se paga al heredar como consecuencia de su subida fiscal y las bonificaciones aplicadas en el resto de las autonomías gobernadas por el PSOE.

El dictamen también reclama una mayor ponderación a la hora de establecer los criterios para determinar la financiación, de modo que se tengan en cuenta seis elementos clave para Aragón: el esfuerzo fiscal, la estructura territorial y de población y, «especialmente», el envejecimiento, la dispersión y la baja densidad, así como los desequilibrios territoriales. «Deberán garantizarse idénticos recursos por habitante ajustado a igualdad de condiciones fiscales entre comunidades, como señala el artículo 107 de nuestro Estatuto», apunta.

La ponencia, coordinada por la aragonesista Elena Allué, también reivindica que el nuevo sistema de financiación se simplifique para hacerlo «sencillo y comprensible para los ciudadanos». Y para ello instan a reducir el número de fondos y a hacerlo más transparente.

El dictamen, de catorce folios, recoge la necesidad de que ninguna Comunidad pierda respecto al sistema de financiación vigente, que se remonta a 2009, y que el nuevo modelo recoja un mecanismo de revisión. Así se lograría corregir «de inmediato» cualquier modificación en los ingresos y gastos para amoldarlo al ciclo económico.

Además, los partidos aragoneses reclaman que se corrija el «desequilibrio vertical» a favor del Estado, que ha dispuesto de mayores ingresos que las autonomías durante la crisis pese a que estas sostienen los pilares del estado de bienestar, como son la educación, la sanidad y las políticas sociales. «Habrá que asegurar que todos los niveles de gobierno dispongan del mismo grado de cobertura de sus gastos con sus ingresos, tanto al inicio del nuevo sistema como a lo largo de su vigencia», añade.