Hacienda alerta de las consecuencias de 'perder' 37 millones al reformar Sucesiones

Un informe incluido en el nuevo proyecto de ley advierte de que no se indica "ninguna alternativa para compensar la falta de ingresos" que conllevará.

Manifestación contra el impuesto de sucesiones en Aragón.
Manifestación contra el impuesto de sucesiones en Aragón.
ÓLIVER DUCH

Un informe de la dirección general de Presupuestos sobre el anteproyecto de ley para reformar el impuesto de Sucesiones alerta de las consecuencias que se derivarían de la rebaja anual de ingresos que implica, si se aprueba, y que está estimada en más de 37 millones de euros. El documento señala que el importe indicado es estimativo y el mínimo posible, por lo que tampoco está cuantificado con exactitud, lo que deriva en "incertidumbre o inseguridad" al elaborar las cuentas de la Comunidad y, en consecuencia, al valorar "el impacto exacto en el cumplimiento del objetivo de déficit" a partir del 1 de enero de 2019.

En la documentación aportada, según recoge el informe, "no se indica ninguna alternativa para compensar la falta de ingresos, ni en materia tributaria, de tasas, precios públicos, ingresos patrimoniales, ni tampoco de aquellos que podrían obtenerse por otras fuentes de financiación procedentes de otras administraciones o instituciones, que no implicarían la necesidad de un mayor esfuerzo fiscal por parte de la Comunidad Autónoma". También censura que no se señalen otras medidas a aplicar como, por ejemplo, "actuaciones de investigación y lucha contra el fraude derivadas de la inspección tributaria en general".

El informe estima, por tanto, que la reforma tendría un "impacto negativo en el cumplimiento del objetivo de déficit a partir del 1 de enero de 2019 (-0,1%), a no ser que se compense la disminución de ingresos con la obtención de otros, o alternativamente se reduzca el gasto no financiero de la Comunidad Autónoma en la misma cuantía".

 

Desde los servicios jurídicos, concluyen, no obstante, que "el proyecto normativo se sitúa en el ámbito de competencias que corresponde ejercer a la Comunidad, cumple con los requisitos de carácter material y formal, responde a la finalidad y al objetivo recogidos en la memoria justificativa y económica y en los demás informes que la acompañan y se ajusta a las reglas contenidas en las Directrices de Técnica Normativa".

El proyecto de ley de medidas relativas al impuesto de Sucesiones y Donaciones fue calificado este miércoles por la Mesa de las Cortes para su "tramitación parlamentaria por el procedimiento de lectura única". La junta de portavoces decidirá la próxima semana si admite este procedimiento exprés, para lo que necesita mayoría simple. La propuesta contaría con el apoyo del PSOE y C’s, que suman 23 diputados, y está por ver qué hacen los dos de CHA, socio de gobierno de los socialistas y la única formación que tiene claro que presentará enmiendas o bien para mantener el límite exento en 150.000 euros o para impulsar una iniciativa conjunta con otros grupos parlamentarios. Izquierda Unida ya ha anunciado que votará en contra de la reforma y Podemos no tiene previsto dar su apoyo al proyecto de ley. La inclusión de la fiducia podría ayudar a recabar el apoyo del PAR, mientras el PP está contra las cuerdas por una propuesta que le parece insuficiente, pero que le podría hacer daño si vota en contra de reformar el impuesto.

El acuerdo para modificar el impuesto de Sucesiones que alcanzaron PSOE y Ciudadanos, al margen de CHA, socio de Gobierno, y Podemos, punto de apoyo en los presupuestos, ha desatado una tormenta política que ha dejado al resto de los grupos descolocados.

El proyecto de ley que calificó este miércoles la Mesa de las Cortes recoge las medidas que anunció en solitario el diputado de Ciudadanos Javier Martínez, como el incremento del límite exento de 150.000 a 500.000 euros, y las que se tuvieron que añadir a últimas hora para intentar contentar a CHA, que amplían las bonificaciones a las parejas estables no casadas inscritas en un Registro Civil al menos cuatro años antes del devengo del impuesto, y la incorporación de la fiducia, una excepcionalidad recogida en el derecho foral que ya había solicitado el PAR y que consiste en que los herederos no paguen el impuesto hasta el momento en que reciban de forma efectiva el legado.

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