El pleno de las Cortes de Aragón aprobó este jueves por unanimidad la Ley del Taxi de la Comunidad, que actualiza el reglamento vigente hasta ahora, de 1979, tras un trabajo "complejo". La norma pretende "unificar los criterios para ofrecer un mejor servicio a los usuarios" y "defender los intereses de 2.000 personas que se ganan la vida dignamente", según explicó la aragonesista Elena Allué, coordinadora de la ponencia al ser el PAR el grupo que la propuso.

La diputada recordó que la ley consta de 47 artículos que regulan desde el régimen competencial al tipo de vehículos, las tarifas y las sanciones. De las 253 enmiendas presentadas, se han aprobado 168.

El diputado del PP, Javier Campoy, defendió que se trata de una norma necesaria por la "actual coyuntura de amenazas a un sector que hay que defender porque es un servicio público".

El socialista Fernando Sabés hizo hincapié en las novedades que se han introducido, sobre todo para los taxis que prestan servicio en las zonas rurales o de alta montaña. Entre ellas, destacó la posibilidad de que se puedan ampliar las licencias en el ámbito rural si un Ayuntamiento lo solicita y la opción de que el titular sea una persona jurídica en los municipios con menos de 10.000 habitantes.

Uno de los riesgos que corre esta norma, según el podemista Raúl Gay, es que "quizá tenga fecha de caducidad, porque esto avanza más rápido que la legislación". Pese a todo, insistió en la necesidad de proteger los empleos locales.

La voz más crítica fue la de Jesús Sansó (Ciudadanos), que dijo sentir un sabor "agridulce" porque la norma "no ha sido todo lo innovadora y actual que nos hubiera gustado" al dejar fuera las licencias VTC (Vehículo de Transporte con Chófer).

Tanto Gregorio Briz (CHA) como Patricia Luquin (IU) se mostraron satisfechos con la norma.