Apenas un 0,6% de los edificios de viviendas aragoneses cumplen en su totalidad con los criterios de accesibilidad universal para personas con movilidad reducida. Una coyuntura que se da a pesar de que en diciembre de 2017 finalizó el plazo para que las comunidades de propietarios cumpliesen con los requisitos recogidos en un Real Decreto que exige el cumplimiento íntegro de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su inclusión social. Así lo recoge el estudio 'La accesibilidad en las viviendas de España', elaborado por la Fundación Mutua de Propietarios en colaboración con la Cátedra UNESCO de Vivienda de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, para conocer el nivel de accesibilidad en las diferentes zonas del edificio, desde su acceso desde la calle hasta el interior de la vivienda.

En Aragón existen 300.957 edificios destinados a viviendas, de los que un 60% no serían accesibles de la calle al portal porque, para empezar, existen escaleras en este punto. Además, solo el 43% de las fincas tienen rampa, que en algunos casos no es plenamente funcional, según las encuestas realizadas para el informe. La investigación, realizada entre más de 2.000 viviendas, desvela que el 8% de los edificios no poseen portero automático y, de los que lo tienen, el 56% no es accesible para una persona en silla de ruedas. Asimismo, de las viviendas que tiene telefonillo, únicamente es un 35% es videoportero, dando un escaso 13% de accesibilidad universal en este punto, según los estándares que maneja el estudio.

"Se han evidenciado importantes carencias que impiden alcanzar una sociedad más igualitaria y justa en cuanto al acceso físico a la vivienda se refiere" señala el presidente de la Fundación Mutua de Propietarios, Miquel Perdiguer. En este punto, el informe señala que el siete de cada diez encuestados desconocen la norma enmarcada en Ley de Propiedad Horizontal que permite a los propietarios mayores de 70 años o con discapacidad forzar adaptaciones de accesibilidad universal hasta un determinado importe, sin la necesidad del consentimiento de la comunidad de propietarios.

En este punto, Sergio Nasarre, responsable de la Cátedra UNESCO, indica que "la realización de las oportunas reformas deben ser asumidas por la comunidad de propietarios si atañen a elementos comunes del edificio, siempre que lo solicite un propietario en cuya vivienda o local vivan, trabajen o presten servicios voluntarios, personas con discapacidad o mayores de 70 an?os, siempre que sean razonables y que el gasto no supere las doce mensualidades ordinarias de gastos comunes”. No obstante, recuerda que “el problema radica en un parque de viviendas envejecido y cómo ha afectado la crisis a la solvencia económica de las comunidades de propietarios, que en su mayoría arrastran problemas de morosidad”, e incide en que “son necesarias más ayudas públicas para aumentar la accesibilidad de las comunidades”.

Por otro lado, alrededor de una cuarta parte de los encuestados encuentra dificultades en abrir el portón de acceso al edificio debido a su peso o por dificultades relacionadas con la cerradura. Asimismo, un 56% ha indicado que la puerta no se sujeta sola o se cierra demasiado rápido.

Ascensores y garajes

La investigación desvela que un 16% de los edificios aragoneses carece de ascensor, importante indicador de falta de accesibilidad universal. Además, en los que sí hay, el anuncio sonoro solo está incorporado en uno de cada cinco, mientras que los botones en braile sí se encuentran en el 58% de los casos. En definitiva, solo el 8% de los ascensores de Aragón son universalmente accesibles. En cuanto a los buzones, en un 56% de los casos no puede accederse a ellos desde una silla de ruedas.

El estudio analiza, asimismo, el grado de accesibilidad de las zonas comunes, desvelando que únicamente el 20% de los garajes aragoneses son plenamente accesibles y que un 50% de los entrevistados considera que las plazas de aparcamiento no son adecuadas para una persona con movilidad reducida. Además, las personas con necesidades especiales de accesibilidad no pueden tampoco disfrutar plenamente de áreas como la piscina o los jardines, dado que solo se consideran accesibles el 61% de las zonas comunes de los edificios de Aragón.