Los partidos plantean ahora limitar los gastos y los altos cargos en las comarcas

Los grupos parlamentarios en las Cortes de Aragón asumen que ha llegado el momento de introducir mejoras en la comarcalización. La limitación del gasto destinado a sueldos y dietas y la participación de los alcaldes como consejeros son dos elementos incluidos en el anteproyecto de ley de la Comarca 33, la de Zaragoza y su área metropolitana, que la mayoría considera que hay que tener muy en cuenta. Tras superar cuatro meses de exposición pública, el proyecto de ley llegará a las Cortes de Aragón a finales de junio, según anunció ayer el consejero de Presidencia, Vicente Guillén. Los partidos tendrán la oportunidad, entonces, de proponer sus aportaciones con mejoras que se podrían extrapolar con el tiempo a las que ya están funcionando.

El apoyo a las comarcas es unánime en la Cámara aragonesa, a excepción de Ciudadanos. Y a esta formación se dirigió el diputado popular Miguel Ángel Lafuente, con un mensaje tajante: "Instar desde el populismo a la abolición extrema y la demonización de las comarcas no es bueno para nadie, porque la solución es volver al centralismo de las capitales de provincia, que tampoco es bueno para nadie".

En su defensa, Ramiro Domínguez, de Ciudadanos, propuso que la futura comarca central "se centre la prestación de servicios, sin excesos de cargas políticas y con consejeros que ostenten su cargo representando a sus ayuntamientos", y se tome como ejemplo para las demás.

Todos coincidieron en que es necesario introducir mejoras en un modelo que inició su andadura hace quince años, y que se completará con la constitución de la Comarca 33, de la que se beneficiarán unas 80.000 personas, sin incluir Zaragoza, que se rige ya por la ley de capitalidad pero debe figurar, a modo testimonial, porque el Estatuto de Autonomía exige continuidad territorial.

Hasta el propio consejero de Presidencia, Vicente Guillén, reconoció que " hay cuestiones que con el paso del tiempo vemos que son mejorables". Entre ellas figura evitar la duplicidad de competencias, una cuestión que ya estudia una comisión en las Cortes.

La limitación del gasto destinado al pago de sueldos y dietas de los consejeros comarcales al 6% del capítulo I (gastos de personal) que incluye este anteproyecto fue una de las premisas compartidas por todos, aunque algunos, como Podemos, fueron partidarios de rebajarla aún más.

El popular Miguel Ángel Lafuente vio positivo, también, que en la elección de los consejeros cada municipio incluya al alcalde (o la persona en la que él delegue) porque "aporta igualdad de representación, conocimiento, representatividad, la eliminación de cargas y la capacidad de compromisos". Solo la podemista Maru  Díaz abogó por una elección directa de los cargos.

Efectiva a partir de 2019

PP y PAR criticaron que la futura ley de la Comarca Central vaya a entrar en vigor el próximo año. Y no será la única, como reprochó la aragonesista María Herrero: "Llama la atención que quieran aprobar las leyes en el último momento, así cubren el expediente y el que venga detrás, que arree".

Guillén justificó los plazos por la dificultad para atender las singularidades de esta comarca que sustituirá a la mancomunidad central y por un "proceso hecho de abajo a arriba", en el que primero se buscó un acuerdo con los alcaldes de los municipios que se integrarán en ella.

Había, también, un elemento político que ningún grupo pasó por alto: era necesario aprobar antes de ley de capitalidad de Zaragoza. Y aquí se dieron, de nuevo, visiones contrapuestas. Mientras Guillén agradecía al alcalde Pedro Santisteve su disposición, Lafuente criticaba que hasta que el regidor de la capital aragonesa no logró sus ocho millones no se pudo avanzar en el proceso.