La separación de los padres nunca resulta fácil para los hijos de una pareja, de ahí que los jueces de Familia antepongan siempre el bienestar de los menores al de los propios progenitores a la hora de dictar una sentencia de divorcio. El gran número de matrimonios de inmigrantes y la proliferación de los casos en los que alguno de los cónyuges desaparece con los hijos llevó a los juzgados a incluir medidas antisecuestro. Pero una abogada zaragozana se ha propuesto ahora ir más allá e instar al juez a introducir una cláusula antiablación en un acuerdo de divorcio para impedir la mutilación genital de una niña de 11 años.

Los padres de la menor se casaron en 2005 en Sudán, pero al año siguiente se habían instalado ya en la comarca de Tarazona y el Moncayo. De hecho, su niña nació en 2006 en el hospital Reina Sofía de Tudela (Navarra). Cuando se separó en 2013, la pareja pactó que la madre se hiciera cargo de la tutela de la niña y el padre siguiera compartiendo la patria potestad, con derecho a estar con ella en fines de semana alternos y en periodos vacacionales.

Ahora se plantea por primera vez la posibilidad de que la menor salga de España para visitar a su familia en África, lo que para la letrada Marimar Martínez, del despacho Ariza Abogados, entraña "un riesgo real". Porque aunque los padres llevan bastante tiempo en Aragón, donde la práctica de la ablación se castiga como un delito de lesiones con hasta 12 años de cárcel, en el pueblo del que proceden esta mutilación de los genitales femeninos sigue viéndose como algo normal. "Se trata de prevenir y de implicar tanto a los padres como al juez, ya que quien verdaderamente nos preocupa es la niña", explica Martínez. Para ello, lo que la letrada va a proponer al juzgado es que se haga una modificación de medidas en la sentencia de divorcio que imponga a los padres la condición de asumir el protocolo aragonés contra la mutilación genital femenina si quieren sacar a su hija de España.

Como recuerda la letrada, la firma de este compromiso implica que los padres deberán llevar a la menor a un centro sanitario antes de cruzar la frontera y a su regreso a Aragón. "De esta manera, los médicos se asegurarán de que la niña no ha sido mutilada", explica. Marimar Martínez representa al padre, pero insiste en que la cláusula afecta a ambos progenitores por igual.

1.500 niñas en Aragón

Según el Gobierno aragonés, que fue el encargado de impulsar el protocolo de prevención en 2016 con la colaboración de Médicos del Mundo, la ablación se practica en 29 países del África Subsahariana y algunos de Oriente Medio y Asia. En la actualidad, se calcula que en la Comunidad residen más de 3.000 mujeres procedentes de estos lugares –principalmente Gambia,Senegal, Nigeria, Ghana y Guinea– y que aproximadamente la mitad tienen menos de 14 años. De ahí el interés por impulsar este control contra la mutilación genital femenina en centros de salud, colegios o servicios sociales de Aragón.

Para concienciar a la población del peligro de esta práctica, los expertos recuerdan que las consecuencias para las niñas y mujeres que sufren la ablación pueden ser muy graves, incluso puede ocasionarles la muerte. A corto plazo, se producen hemorragias, infecciones, fuertes dolores... A medio plazo, surgen anemias severas, infecciones pélvicas, menstruaciones dolorosas.Pero es que a largo plazo las víctimas de la mutilación necesitan recurrir a la cesárea más habitualmente y registran un mayor porcentaje de mortalidad materna y muerte del recién nacido. Es por todo ello que ahora se intente acabar con este problema también a través de la Justicia.