A Luis Blanco, un oscense de Tamarite de Litera que se crió en Zaragoza y a los 20 años emigró a Venezuela, le falta un mes para cumplir 84 años. Su esposa Isabel Menaches, de padres españoles y nacida en Caracas, tiene 80. En 1995 regresaron a la capital aragonesa tras liquidar sus negocios al otro lado del Atlántico dispuestos a disfrutar de su jubilación en España. Y todo fue bien hasta que en diciembre de 2015 Luis dejó de percibir la pensión del Gobierno venezolano por cuatro décadas de cotización. Ahora, tras tirar de ahorros y con la mediación del Justicia de Aragón, el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales de Aragón le ha concedido a la mujer una pensión no contributiva para aliviar su situación.

Esta pareja es uno de los nueve expedientes de pensionistas venezolanos a los que la DGA ha reconocido una ayuda en los últimos tiempos. Fuentes del área de Ciudadanía y Servicios Sociales explicaron ayer que estas situaciones de emergencia provocadas por el impago de las jubilaciones por parte del ejecutivo venezolano se expusieron al Ministerio de Empleo y al Instituto Nacional de la Seguridad Social al entender que era "un tema que debía solventarse a nivel nacional" y con un acuerdo que resolviera "todas las situaciones planteadas". Estas mismas fuentes apuntaron que ante la "inactividad" del Gobierno central se ha realizado "un esfuerzo" para dar una respuesta positiva a estos ciudadanos.

"No obstante entendemos que la solución no es la óptima, que debería pasar por que recuperasen sus pensiones y que el Instituto Nacional de la Seguridad Social garantizase sus pensiones o, al menos, reconociese una pensión del sistema de seguridad social en su nivel mínimo a cuenta", recalcan desde la DGA.

A Isabel Menaches le han reconocido una pensión no contributiva de 314,42 euros. Este tipo de prestación, según explican desde el Justicia de Aragón, está regulada en una normativa estatal, pero su gestión y reconocimiento está transferido a las comunidades autónomas. La misma asegura a todos los ciudadanos, en situación de jubilación o invalidez y en estado de necesidad, una prestación económica, asistencia médico farmacéutica gratuita y servicios sociales complementarios, aunque no hayan cotizado o lo hayan hecho de forma insuficiente.

En la situación de Isabel, que se muestra muy agradecida a las administraciones aragonesas, la cotización de su marido en Venezuela y el hecho de que ella estuviera a su cargo impedían que pudiera acogerse a otro tipo de ayuda, aún a pesar de no estar recibiendo ningún dinero del Gobierno venezolano. El Justicia pidió a Servicios Sociales que hiciera una interpretación favorable de la normativa teniendo en cuenta los ingresos reales del matrimonio.

"Nuestro caso ayudará a otros"

Tras meses de angustia e incertidumbre, este matrimonio respira algo más tranquilo. Luis Blanco, que venía cobrando unos 1.400 euros mensuales, enseña el documento en el que también se le concede su pensión no contributiva de 372,14 euros al mes. De esta cantidad, 176 euros son por los tres años y 10 meses que cotizó en España antes de cruzar el charco.

"Ojalá nuestro caso pueda ayudar a otros venezolanos que se encuentran en una situación parecida". Es el deseo de ambos. "Nunca imaginamos que después de vivir como una clase media y con esta edad nos fuéramos a ver en una situación paupérrima", reconoce Luis Blanco. Su afición y su profesión gira alrededor de la música. Estudió violín en el Conservatorio de Música de Zaragoza y tocó con la Orquesta Sinfónica de entonces, además de aprender el oficio de afinador y "reparador de instrumentos" antes de hacer las maletas. En Venezuela fundó las orquestas Blanco y Negro y Aragón, con las que recorrió todo el país. Tras casarse llegó a contar en Caracas con una tienda de electrodomésticos y dos de instrumentos que también eran escuelas de música. Hasta que fue víctima de la "delincuencia común" y le atracaron en uno de sus negocios "metralleta en mano".

La queja de este matrimonio no es un supuesto aislado, sino que afecta a los alrededor de 12.000 jubilados venezolanos que residen en España. El Justicia de Aragón ya está tramitando otra y Servicios Sociales de la DGA mantiene una relación constante con la Asociación de Pensionados y Jubilados de Venezuela en Aragón . Juan RamónMolina, presidente de este colectivo, comenta que se están estudiando diferentes casos ya que hay casuísticas muy distintas. También advierte de que hay que cumplir tres requisitos: 10 años de residencia en España, ser mayor de 65 años y que el ingreso del grupo familiar no supere los 5.178 euros anuales.