Con anticipación política que para todo quisiéramos los ciudadanos, más acostumbrados a los sobresaltos del boletín y los decretazos, las Cortes de Aragón han decidido desconvocar el pleno previsto el 8 de marzo, día de la Mujer Trabajadora, que este año se va a conmemorar con una jornada de huelga en contra de la desigualdad. Fin irrenunciable, medio opinable, valor testimonial y reivindicativo indiscutible. El problema no es la huelga, sino ese excepcional paro parlamentario en el que, para empezar, a sus señorías no se les podrá hacer quita alguna de la nómina, como al resto de los trabajadores y trabajadoras. El verdadero problema está en que el paro llega un mes después de que haya iniciado el curso parlamentario tras el tradicional parón navideño, que se extiende hasta febrero. Unas vacaciones de invierno en el ecuador del curso al que los diputados han vuelto sin haber hecho siquiera los deberes, pues aún tienen pendiente la aprobación de los presupuestos. Todo tan forzado y tan artificial que, para equilibrar, tal vez alguien debería ir pensando en un buen pleno extraordinario sobre desempleo para el Primero de Mayo.