El Gobierno de Aragón no se cansó de repetir que era una de sus prioridades para combatir la emergencia social, pero la comprometida renta básica sigue a la espera más de dos años y medio después. Las diferencias insalvables con los socios de investidura de Podemos han llevado a la coalición PSOE-CHA a bloquear la ponencia parlamentaria que debía tramitar la ley, de modo que su coordinadora, la socialista Pilimar Zamora, ni siquiera convoca reuniones desde hace ocho meses.

La última se celebró el pasado 12 de julio y acabó con una dura comparecencia de Podemos, que mantiene que el proyecto estrella de la DGA «cronifica la precariedad» y exige ampliar los complementos económicos de la renta e incluir a más personas. Aunque Zamora negó entonces la parálisis y sostuvo que se avanzaba con acuerdos gracias a las aportaciones de todos los grupos al texto propuesto por el Gobierno, la realidad es que se suspendió la reunión prevista para septiembre y no hay visos de que los diputados se vuelva a reunir. Y falta menos de año y medio para que acabe la legislatura.

La parlamentaria socialista prefirió el pasado viernes referirse al bloqueo en el que mantiene la ponencia a un «stand by» mientras los grupos «trabajan e intentan llegar a entendimientos» en una norma fundamental para los derechos subjetivos de los ciudadanos y la política social. «Con casi 300 enmiendas, se está procurando trabajar para llegar a importantes niveles de acuerdo», dijo.

La realidad es que la ponencia ha celebrado nueve reuniones y se han alcanzado acuerdos sobre el objeto de la ley que regulará el derecho a la renta básica como una prestación para garantizar los ingresos mínimos a las personas sin recursos suficientes. Igualmente comparten que comprometa el derecho al servicio de acompañamiento a los itinerarios individualizados de inserción. También se ha acordado qué se entiende por unidad de convivencia, los requisitos de acceso a la prestación y las obligaciones que tendrán los titulares.

Diferencias de modelo

El problema reside en que los socios de la izquierda ni siquiera comparten modelo, dado que el PSOE no quiere convertir la renta en universal y Podemos defiende una percepción garantizada que avance hacia la universalidad y la incondicionalidad.

La formación morada tampoco respalda que la ampliación de los beneficiarios se condicione a itinerarios de inserción y formativos, una política que sí es respaldada desde el Partido Popular y Ciudadanos.

De este modo, la ponencia está atascada en los artículos fundamentales, los que deben fijar la cuantía de la renta básica, sus complementos y los grupos de población que podrían acogerse a esta percepción que sustituirá al IAI.

La diputada podemista Amparo Bella censuró la parálisis de los socialistas, ya que ni retiran la ley como exigió el líder de su partido, Nacho Escartín, al presidente Lambán hace dos meses ni convoca tampoco la ponencia. «No han hecho nada», lamentó.

Bella enfatizó que el Gobierno PSOE-CHA no cuenta con los apoyos necesarios y suma hasta las críticas del colegio de trabajadores sociales y de Cáritas. Podemos es rotundo al defender que se flexibilicen los mecanismos de acceso para derecho subjetivo, individual, inembargable e incondicional, de modo que no dependa de la dotación presupuestaria. Escartín sostuvo ante Lambán que la propuesta socialista supone «un mero incremento de la renta de inserción», que cifró en 23 euros, por lo que no consigue llegar a más personas, mantiene la «burocracia y segrega a los pobres».

Propuesta de los aragonesistas

Ante esta situación, el grupo parlamentario del PAR defenderá este jueves una moción en el pleno para instar a la DGA a retirar la ley de renta básica y presentar, en el plazo máximo de tres meses, un proyecto de ley para ampliar el Ingreso Aragonés de Inserción. El objetivo es mejorar «sustancialmente» las cuantías vigentes y flexibilizar los criterios para extender el número de beneficiarios, de modo que las ayudas lleguen a grupos de población empobrecidos por la crisis y que en la actualidad están excluidos.

En este sentido, Podemos ha logrado el apoyo del resto de partidos para enmendar los presupuestos con el fin de ampliar un 4% la cuantía del IAI en el proyecto de presupuestos, de modo que pasará de 472 a 491 euros mensuales. Sin embargo, la izquierda impuso su mayoría para rechazar otra del PAR que planteaba incrementar la cuantía un 10%, mientras el PP y Ciudadanos se abstuvieron.

La diputada aragonesista Elena Allué se mostró especialmente crítica con los partidos de la izquierda. «Dijeron que venían a solucionar la emergencia social, pero han utilizado vilmente el término para su rédito político mientras la emergencia persiste y no han sido capaces de ponerles solución», aseveró.