Los servicios jurídicos de las Cortes de Aragón han advertido a los diputados de habrá que solicitar a la DGA la retirada del proyecto de ley de presupuestos si sale adelante alguna de las ocho enmiendas de la oposición que plantean rebajar la carga fiscal y con ello el capítulo de ingresos, ya aprobado por el pleno hace un mes en el debate a la totalidad. Así se lo transmitió una de las letradas a la ponencia constituida para analizar las 1.293 enmiendas presentadas, ante cuyos miembros defendió que con el reglamento en la mano no se podrían siquiera tramitar.

La advertencia jurídica, que este jueves se ratificará en un informe colegiado de los juristas de la Cámara, generó un gran revuelo en los grupos parlamentarios, que mostraron serias divergencias a la hora de valorar la amenaza que cierne sobre las cuentas. Si realmente se devolvieran a la DGA, habría que empezar de cero y se demoraría la aprobación hasta bien entrada la primavera.

Desde los partidos que sustentan al Gobierno, PSOE y CHA, se agarraron a la tesis de los servicios jurídicos sobre la imposibilidad de tramitar las enmiendas de minoración de ingreso, sustentada en un artículo del reglamento, el 192: este establece que en el debate a a la totalidad del presupuesto se fijan las cuantías globales de los estados de los presupuestos, por lo que ya no se puede enmendar algo aprobado.

Además, recordaron que otros dos artículos, el 167 y el 193, establecen que aquellas enmiendas que supongan minoración de ingresos requerirán la conformidad del Gobierno para su tramitación, cosa que no se ha producido. De hecho, la DGA ha mostrado su disconformidad en un informe que remitió el pasado lunes, en el que aludió a dichos artículos y en el que advertía de que, de tenerse en cuenta, afectaría al límite de gasto aprobado por las Cortes a finales de diciembre.

Los propios parlamentarios reconocieron a este diario que la única enmienda de reducción de los ingresos que realmente genera un problema real a la tramitación de las cuentas es la de Podemos, puesto que en el resto de las planteadas por PP, PAR y Podemos se da por hecho que serán rechazadas por los partidos de izquierdas, que son mayoría.

La cuestión está en la suerte de la enmienda de la formación morada que solicita la suspensión del cobro del Impuesto de Contaminación de las Aguas (ICA). El Gobierno PSOE-CHA no está por la labor de que salga adelante, pero todo dependerá de si se asume que no se puede tramitar o finalmente se vota, con el riesgo de toda la oposición sumara sus votos e impusiera su mayoría. "El problema de fondo es que por primera vez un gobierno no tiene los apoyos garantizados para rechazar este tipo de enmiendas, como ha pasado en otras ocasiones", añadieron fuentes parlamentarias.

Tanto el diputado del PP (Antonio Suárez) como la del PAR (Elena Allué) consideran que el informe jurídico no es vinculante y se deberán someter a votación todas las enmiendas, incluidas las ocho que reducen los ingresos. "De otro modo, se generaría una indefensión y no podríamos siquiera valorar una subida fiscal incluida en las cuentas, como la de las tasas de este año y que hemos enmendado, con el argumento de que no se puede tocar el capítulo de ingresos", criticó Suárez, el más vehemente a la hora de cuestionar la situación generada.