Bon Àrea dispondrá en un mes de las 240 hectáreas necesarias para su macroplanta

El Gobierno de Aragón ya está en condiciones de garantizar a Bon Àrea la propiedad de todo el suelo necesario para construir la macroplataforma agroalimentaria en el municipio de Épila, que ocupará 240 hectáreas junto a la autovía de Madrid (A-2). A las 60 que ya están manos de la Corporación Alimentaria Guissona tras una permuta de fincas con el Ayuntamiento se sumarán 180 hectáreas que serán propiedad de la DGA en un mes tras culminar los trámites de expropiación.

El acta de ocupación afectará a un total de 268 parcelas catastrales, repartidas ahora entre algo menos de un centenar de propietarios y por las que se pagará un precio muy inferior al recogido en el convenio que firmaron hace un año los presidentes de Aragón y de la Corporación Guissona, Javier Lambán y Jaume Alsina, respectivamente, y el alcalde de la localidad de Épila, Jesús Bazán. En aquel documento se estableció un máximo de 10.000 euros por hectárea, pero el justiprecio medio que pagará la Administración se ha reducido finalmente a 6.131 euros, un 40% menos.

Fuentes oficiales de la Consejería de Vertebración del Territorio del Ejecutivo autonómico señalaron que las tasaciones se han fijado a precio de suelo rústico "sin expectativas". Una empresa especializada se ha encargado de hacerlas, estableciendo para ello coeficientes de valoración a cada parcela en función de las distancias al casco urbano, a las vías de comunicación y al tipo de arbolado o cultivo, entre otros criterios.

El riesgo de reclamar

Todo este proceso, recogido en las preceptivas hojas de aprecio, se habrá culminado a mediados de mes y aquellos propietarios que no estén de acuerdo podrán acudir al jurado provincial de expropiación. Este órgano podrá subir o bajar el justiprecio marcado por la DGA por las fincas, aunque no evitará que a principios de marzo se firmen las actas de ocupación. "En ese momento se abonará el dinero", señalaron las citadas fuentes oficiales de Vertebración del Territorio.

Las arcas autonómicas adelantarán el coste de los terrenos, 1,1 millones de euros, pero luego lo recuperarán, tal y como está recogido por convenio: la Corporación Alimentaria Guissona abonará la cantidad desembolsada, además de los tributos y gastos que se hayan generado.

La pretensión de la coalición PSOE-CHA al asegurar el suelo es blindar la operación, estratégica para los intereses de Aragón ante los 4.000 empleos directos comprometidos cuando la planta esté a pleno rendimiento dentro de una década. De hecho, la transmisión de las parcelas se hará más tarde, entre la aprobación definitiva del Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA), a finales de agosto, y el inicio de las obras de urbanización, previsto para principios del próximo año. Las 240 hectáreas están situadas a ambos lados de la carretera de acceso a Épila (A-1305) y son en su mayor parte de secano y carecen de valor urbanístico.

En un principio se pretendía ocupar una banda rectangular frente al polígono El Sabinar, pero se ha ampliado para albergar un área de servicios de unas 30 hectáreas de superficie bruta. Estos terrenos se los quedará la Administración y le permitirá disponer de parcelas industriales adicionales en la plataforma agroalimentaria para atender cualquier demanda industrial asociada, de modo que se pueda aprovechar el tirón de Bon Àrea.

La compañía requería para levantar sus instalaciones de unas 140 hectáreas repartidas en una gigantesca franja rectangular que linda con la autovía de Madrid y la carretera de acceso a Épila. No obstante, se ha ampliado con creces para incluir amplias zonas verdes, tal y como establece el planeamiento urbanístico.

Planificación en marcha

Al mismo tiempo que se ultima la expropiación, la Consejería de Vertebración del Territorio avanza en la redacción del proyecto de urbanización, que estará listo el próximo verano y permitiría acometer las obras incluso antes de fin de año.

Tal y como se pactó con la empresa, el Gobierno de Aragón asumirá el gasto millonario de llevar todos los servicios hasta la plataforma. Esto incluye las redes de abastecimiento y vertido de agua, de suministro eléctrico y de gas, además de la fibra óptica. Asimismo, se actuará en la carretera autonómica A-1305, contigua a los terrenos, para lograr la ordenación el tráfico de los 1.300 camiones que atraerá al día el complejo.