El Congreso reinicia el curso con la amenaza del agua y las dudas sobre el carbón

PP, PSOE, C’s y Podemos preparan iniciativas parlamentarias en torno a un nuevo Plan Hidrológico Nacional. La central de Andorra, pendiente de un pacto político.

Los trabajadores piden a los partidos apoyo para un decreto contra el cierre de la térmica de Andorra. Aquí, una protesta de hace un año.
Los trabajadores piden a los partidos apoyo para un decreto contra el cierre de la térmica de Andorra. Aquí, una protesta de hace un año.
E. Cidoncha

Los partidos vuelven a reclamar "un pacto de Estado sobre el agua" y, aunque cada uno enfocado a sus prioridades, todos están dispuestos a llevar algún tipo de iniciativa hídrica en el periodo de sesiones que se reinicia en febrero. La guerra del agua todavía no ha vuelto y, al menos hasta ahora, ningún partido ha registrado en el Congreso iniciativas que citen expresamente al Ebro. Sin embargo, la decisión del Ministerio de Medio Ambiente de impulsar este 2018 el contenido concreto de un nuevo Plan Hidrológico Nacional (PHN) está haciendo que PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos estén ya negociando internamente sus propias posiciones, en algunos casos con evidentes diferencias. Junto al agua, el otro asunto que el Congreso y el Senado van a tratar en las próximas semanas con un efecto claro en Aragón será el carbón. Además, aunque sin fecha, también se espera que se aborde la financiación autonómica.

Agua: PP y Ciudadanos quieren marcar el paso

De todas las iniciativas que va a tratar el Congreso en este periodo de sesiones, una de ellas –registrada por Ciudadanos a mitad de enero– puede condicionar claramente las posibilidades en Aragón de ese partido y también de PP, PSOE y Podemos en las elecciones de 2019. C’s llevará al pleno la propuesta de "reforma y adaptación" del PHN.

El texto –en el que reclaman "afrontar el futuro del agua en España"– es especialmente abierto, lo que ha generado especulaciones y ha recuperado anteriores declaraciones trasvasistas de cargos de la formación. Ciudadanos registró esta iniciativa en el Congreso el 16 de enero. Justo una semana después, el PP nacional reunió a todas sus federaciones para intentar marcar una postura de consenso general sobre el tema hídrico. De esa reunión salió una declaración en la que declaraban el agua como "una política de Estado", pero que –igual que en la iniciativa de Ciudadanos– no incluía ninguna medida concreta.

En cuanto a PSOE y Podemos, la formación socialista no ha registrado aún una iniciativa propia, pero sí ha cruzado papeles para marcar una posición común. De momento, lo más que han conseguido fue una declaración el pasado noviembre en la que se alertaba sobre la necesidad de adaptar la política hídrica al cambio climático, en la línea con el resto de partidos. En cuanto a Podemos, tiene el discurso más incompatible con una política de trasvases y prepara varias iniciativas sectoriales, pero no ha registrado –al menos de momento– una iniciativa que detalle cuál es su postura concreta respecto al próximo PHN.

El diputado de Ciudadanos por Zaragoza, Rodrigo Gómez, destacó que con su iniciativa buscan "un proceso de negociación y adopción de un pacto nacional del agua, tal como recoge el acuerdo de investidura" que firmaron PP y su formación. Por parte del PP, el diputado por Zaragoza Eloy Suárez mostró la disposición de su partido a buscar un pacto, pero planteó –en una alusión que parecía dirigida a Ciudadanos– que lo haga "con las ideas claras y no con generalidades". En cuanto a la gestión del Gobierno central, Suárez aseguró que "va a acabar la construcción de embalses como Yesa y Mularroya e intentará resolver los problemas de Biscarrués y Almudévar".

El diputado del PSOE por Zaragoza, Óscar Galeano, instó a que todas las formaciones respeten en el tema del agua "el gran acuerdo que hay en el Parlamento autonómico y que engloba a la mayoría de la sociedad". Además, aludió expresamente a "cumplir los compromisos del Pacto del Agua". En cuanto a la posición de su partido ante el hipotético nuevo PHN, Galeano se comprometió a que "el PSOE-Aragón estará atento a cualquier pacto a nivel nacional y siempre defenderá lo dicho en Aragón".

En Podemos, el diputado de Alto Aragón en Común por Huesca, Jorge Luis, incidió en que desde el inicio de legislatura "hemos señalado y vigilado los intentos de privatización del ciclo del agua, hemos recurrido el ICA e investigado los sobrecostes de las grandes infraestructuras hidráulicas", entre otros asuntos. Además, el diputado oscense resaltó que han "denunciado las reformulaciones del trasvase del Ebro"que han ido surgiendo en los últimos años. En este sentido, hace un año la Generalitat reactivó un intento de minitrasvase del Ebro a sus cuencas internas.

Carbón: el gobierno y UGT miran al PSOE

Otro de los asuntos clave para Aragón va a ser el apoyo parlamentario o el veto al decreto elaborado por el Gobierno central que favorecería que la central de Andorra siga abierta. Entre los problemas que denuncian otros partidos, está que incluye cláusulas (dirigidas a las nucleares) que aumentan su división. Tanto el PP como UGT piden su apoyo y han puesto el foco en el PSOE, al que reclaman que se sume.

El popular Eloy Suárez afirmó que "el problema con el asunto del carbón en estos momentos es que el PSOE no se aclara". "Es evidente que Cristina Narbona no quiere carbón como energía y que el único que lo está defendiendo con el mismo discurso en toda España es el PP", dijo. Suárez garantizó que el grupo del PP mantendrá su posición "aunque los otros partidos no apoyen el decreto".

El socialista Óscar Galeano incidió en que la responsabilidad de garantizar la supervivencia de la central está en el Gobierno central, que tendría las competencias para conseguirlo. "Deben dejar de echar balones fuera desde el Ministerio de Energía", reclamó, en referencia a las alusiones del ministro Álvaro Nadal hacia el PSOE. Galeano dio "un mensaje claro de apoyo al carbón como reserva estratégica"y "al mantenimiento del empleo en las centrales".

El diputado oscense de Unidos Podemos, Jorge Luis, aludió al informe de la comisión que vigila la competencia, "que ha condenado el borrador del ministro Nadal sobre el cierre de centrales en los mismos puntos que avisamos". "Las cuencas no pueden soportar más torpezas", destacó. Luis recordó que su grupo parlamentario en el Congreso propone "desde el primer día un pacto por la energía efectivo a través de un Plan Nacional de Transición Energética".

Desde Ciudadanos se recordó el compromiso del partido con las Cuencas Mineras y con el cumplimiento de la normativa europea. "Es imprescindible realizar urgentemente planes de reindustrialización de la zona y también saber qué ha pasado con la cantidad ingente de dinero que se ha destinado que no ha dado el resultado deseado", dijo Rodrigo Gómez.

Financiación autonómica: Aragón, a la espera

La financiación autonómica es otro de los asuntos que los políticos aragoneses esperan que se aborde en el nuevo curso parlamentario. Óscar Galeano (PSOE) aboga por un diálogo entre la Comunidad y el Gobierno central que supere "la lucha partidista". Y asegura que procede hacerlo de forma urgente.

Eloy Suárez (PP) reconoce que la financiación autonómica es esencial para un buen funcionamiento del Estado. "Ahora es el momento de renovarla, pero es imprescindible para su éxito que también participe en las negociaciones Cataluña". Suárez destaca que dada la situación política, los partidos tienen que resolver este asunto "con sentido común. Y promover un reparto justo, o será imposible un acuerdo". Jorge Luis (Unidos Podemos) apuntó que la ley de financiación debería haber sido reformada en 2014, "así que no solo es injusta para comunidades como Aragón, sino que está políticamente agotada. Es necesario incluir factores como el territorio que ayuden, junto con otras reformas, a revertir los procesos de despoblación".

Rodrigo Gómez (Ciudadanos) opinó que se vaya "con mucho retraso". "Hace más de cuatro años que debió aprobarse un nuevo sistema de financiación, pero Rajoy, con la ayuda del PSOE y Podemos, optó por el inmovilismo y por dar privilegios al País Vasco aprobando un cálculo del Cupo Vasco injusto y contrario a lo que dijeron los técnicos del propio Gobierno". "Queremos –dijo– un sistema transparente que garantice los servicios sociales y no privilegios a ningún territorio".

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