La juez niega que el exalcalde de Alhama prevaricara cuando contrató a su mujer

El exalcalde de Alhama de Aragón Joaquín Antón (CHA) no prevaricó cuando contrató en dos ocasiones a su esposa como educadora de adultos sin convocar sendos concursos. Así lo asegura la titular del Juzgado de lo Penal número 5 de Zaragoza en una sentencia en la que absuelve al exregidor –para el que se pedían entre 7 y 9 años de inhabilitación– y recuerda que su mujer, Eva Bendicho, había adquirido la condición de fija discontinua "en virtud de los concursos anteriores, ganados legítima y legalmente". Y, por tanto, precisa, la práctica de nuevos concursos "no solo era innecesaria sino incluso improcedente".

La querella por presunta prevaricación contra Antón fue presentada por el actual alcalde de Alhama de Aragón, José María Castejón (PAR), quien apeó al primero del cargo en 2012 mediante una moción de censura. Fue también este quien decidió despedir a Eva Bendicho, a la que tuvo que indemnizar después por despido improcedente.

Cuando declaró como acusado en la vista celebrada el 28 de noviembre, Joaquín Antón negó haber contratado a dedo a su mujer en los años 2010 y 2011. Según explicó este, al haber ganado la plaza de educadora durante tres años consecutivos –de 2007 a 2010–, su esposa había adquirido derechos para que el Ayuntamiento de Alhama la contratara como indefinida discontinua.

La juez ha dado ahora por buenos los argumentos del exregidor, dado que, como recordó durante la vista su abogado, José Palacín, fueron los mismos que esgrimió el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) para considerar improcedente el despido de la educadora. "La sentencia del TSJA es clara. No es posible la perpetuación sobre una misma persona de contratos temporales continuados, de tal forma que, llegado el momento, se adquiere el derecho a ser reconocido como fijo", indica. "Y ello con independencia de que, sorprendentemente, la conversión del contrato en fijo pudiera determinar el perjuicio para el Ayuntamiento de la pérdida de la subvención", recuerda en su resolución la juez

Hace hincapié en esta cuestión porque era precisamente eso lo que el denunciante reprochaba a su antecesor: el hacer perder al Consistorio una ayuda de la DPZ al contratar sin concurso a su esposa. De hecho, la acusación particular, a cargo del letrado Víctor Ruiz de Diego, no solo solicitaba siete años de inhabilitación por el delito de prevaricación, sino que reclama también a Joaquín Antón los 5.607 euros en que cifraba el supuesto perjuicio ocasionado al municipio (la Fiscalía lo cuantificaba en 3.459).

No aprecia dolo ni intención

Para la magistrada, en ningún momento ha quedado acreditado que el acusado actuara con dolo o intención. "Por el contrario –indica–, no solo consultó a un abogado –ya fallecido– y al abogado de su partido, sino que sometió la decisión en una reunión informal a los distintos concejales, que dieron el sí a dicha decisión".

Durante la instrucción del caso y en el propio juicio, la defensa insistió siempre en la legitimidad del procedimiento y recordó que el contrato y las citadas ayudas "eran totalmente independientes". Apuntó, además, que el propio Antón puso de su bolsillo el dinero que la DPZ reclamó al Ayuntamiento de Alhama.

El desencuentro personal y político entre el actual alcalde de Alhama de Aragón y su predecesor hace tiempo que trascendió la esfera municipal y saltó a los juzgados. De hecho, ambos se han cruzado ya tres querellas, intercambiándose los papeles de denunciante y acusado. Joaquín Antón ha sido absuelto en dos causas, mientras que Castejón lo ha sido en otra. En cualquier caso, este último tiene todavía abiertas otras tres causas en los juzgados de Calatayud.