Gimeno descarta bloquear gasto por el bloqueo de 148 millones de financiación estatal

El consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, descarta hacer retenciones como consecuencia del bloqueo de los 148 millones comprometidos por la financiación autonómica de 2018. Así lo ha asegurado este lunes en las Cortes de Aragón, donde ha comparecido para presentar el proyecto de ley de presupuestos, mostrándose convencido de que el Gobierno aprobará finalmente las cuentas y llegará el dinero.

Gimeno ha defendido que “carece de sentido” que el Estado se vaya a quedar el incremento previsto de los ingresos, por lo que ha dado por hecho que, en el hipotético caso de que el PNV no respalde los presupuestos, se adoptaría la fórmula necesaria para “solventarlo”.

En este sentido, ha solicitado ya la convocatoria del Consejo de Política Fiscal Financiera y ha recordado que el PP gobierna en minoría, por lo que se podría aprobar una iniciativa legislativa para que pague. También ha propuesto como solución que un “órgano neutral" como es la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), o el propio Consejo de Estado, para que se pronuncien acerca de la posibilidad de que las partidas se transfieran.

El responsable socialista ha incidido igualmente en que el impacto de una prórroga presupuestaria sería mucho mayor, puesto que afecta a transferencias, subvenciones y a los programas cofinanciados, como el Fondo de Inversiones de Teruel.

Respecto a las cuentas autonómicas para 2018, el consejero de Hacienda ha reiterado que todos los departamentos crecen, se recuperan las inversiones y el gasto social vuelven a subir un 5,8%. Todo ello gracias a un aumento global del presupuesto del 5%, hasta los 5.303 millones de euros.

Fernando Gimeno, que ha reconocido que cerró 2017 sin cumplir el objetivo de déficit, ha asegurado que este año sí cumplirá los objetivos de estabilidad presupuestaria. Ha dado por hecho que el déficit solo llegará al 0,4% del PIB y se respetarán los márgenes de deuda, aunque considera “más complicado” hacer lo propio con la regla de gasto, que impide incrementar durante tres años el gasto en la media del crecimiento del producto interior bruto.

Si su intervención no ha deparado sorpresas, tampoco la de los grupos parlamentarios. Los diputados Antonio Suárez (PP) y Elena Allué (PAR) han vuelto a cargar contra la “excesiva” presión fiscal y han evidenciado que la recaudación será mucho mayor de la reflejada en las cuentas si se tiene en cuenta la liquidación de este año. Del mismo modo, han cuestionado que las inversiones de las que tanto se “pavonea” la coalición PSOE-CHA ni crecen tanto porcentualmente respecto (del 7,28% al 7,53%) y, encima, luego no se cumple. Para ello han sacado a colación los 89,3 millones que no se ejecutaron el año pasado.

Allué ha aludido también a los “agujeros” de las cuentas, como los 40 millones de la autopista autonómica, o al hecho de que el 26% del presupuesto se dedique a la deuda. “Es un presupuesto irreal, lleno de trampas y recortes”, ha concluido.

El diputado de C’s Javier Martínez ha tildado el presupuesto de “anodino” en cuanto a las políticas y "caótico" en cuanto a la gestión, en alusión al impacto de la retención de fondos estatales. A su juicio, la política de izquierdas no se aprecia en las cuentas, por lo que ha concluido que, pese al pacto con Podemos, “no hay ningún topo morado, sino un sarpullido rosáceo".

El propio representante de Podemos, Héctor Vicente, ha lamentado la “falta valentía” en algunas áreas del proyecto de ley, como la de Vivienda, y de alternativas en el modelo productivo, además de “insuficiencias”, como en el gasto corriente de Sanidad. No obstante, ha señalado que se percibe “sobre el papel” la recuperación de los servicios tras años de “palos” del PP, por lo que su partido estaba en condiciones de respaldar su toma en consideración. Eso sí, cuestionó que uno de cada seis euros del presupuesto se destine a pagar la deuda y los gastos financieros.

Por su parte, los representantes del PSOE (Alfredo Sancho) y de CHA (Gregorio Briz) han respaldado el proyecto presentado por el Gobierno aragonés, que ha calificado de "presupuesto social".