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Aragón

PP, PAR y C's tachan de "atraco" la tramitación de la ley de capitalidad

La oposición considera que la ponencia que ha tramitado la ley ha sido "una vergüenza para el sistema parlamentario aragonés".

Asensio, Rivarés, Navarro y Fernández, en la reunión de ayer. El PSOE decidió no asistir.
La ley de capitalidad desvirtúa la aportación anual fija a Zaragoza y no le permite la aprobación final del PGOU
José Miguel Marco

Los grupos del PP, PAR y Ciudadanos en las Cortes han tachado de "atraco" de la izquierda la tramitación "exprés" de la ley de Capitalidad de Zaragoza por rechazar "en bloque" todas sus enmiendas sin leerlas siquiera, incluidas las presentadas para corregir errores técnicos.

Los diputados del PP, del PAR y de Ciudadanos Miguel Ángel Lafuente, María Herrero y Susana Gaspar, respectivamente, han comparecido hoy en una rueda de prensa conjunta para denunciar que la ponencia que ha tramitado la ley ha sido una "auténtica vergüenza para el sistema parlamentario aragonés".

Así lo ha dicho Lafuente, quien ha asegurado que los grupos de la izquierda -PSOE, Podemos, CHA e IU- se han limitado a hacer de correa de transmisión de una ley, que se aprobará en el próximo pleno, pactada entre el presidente de Aragón, Javier Lambán, y el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve.

La ponencia se ha cerrado con solo dos sesiones de dos horas y media, ha dicho Lafuente, con todas las enmiendas -157- "tiradas a las basura sin leerlas siquiera", después de que la izquierda les dijera "con franqueza" que iban a votarlas todas en contra, algo que es legal pero "absolutamente inmoral".

Eso, ha agregado, después de que en el ayuntamiento se "anulara" la voz de los grupos municipales tras el pacto "de despacho" entre Lambán y Santisteve, y la de los propios ciudadanos, porque no ha habido proceso de participación ciudadana.

"La izquierda aragonesa ni sabe ni cree en la separación de poderes" porque, según Lafuente, "ha creído que el Gobierno de Aragón y el ayuntamiento de Zaragoza son lo mismo que las Cortes".

El objetivo de esta tramitación, ha dicho, es que su entrada en vigor 20 días después de su aprobación, y debe por tanto aprobarse en estas fechas para que el Gobierno de Aragón pueda transferir al ayuntamiento los 8 millones pactados para que "aquí haya presupuestos". "Un auténtico bochorno político", ha rematado Lafuente, en torno a una norma que para María Herrero va a pasar a la historia como la "ley exprés".

"Esto no lo he visto nunca", ha proseguido Herrero, porque en las Cortes siempre se han aprobado las enmiendas que mejoran las leyes siempre que no cambien su filosofía y en este caso, ha insistido, ni siquiera se han admitido las correcciones técnicas a pesar de las advertencias sobre cuestiones ininteligibles de las que han advertido tanto los servicios jurídicos de las Cortes como los del Gobierno.

"Ha sido una situación bochornosa", ha incidido Herrero, porque la izquierda no ha planteado la posibilidad de negociar y la ley no se debería aprobar.

Para Susana Gaspar, esta ley era la oportunidad de que se aprobara para Zaragoza una ley que tendría que haber sido como el estatuto de autonomía para la ciudad, y a su juicio la izquierda ha actuado de un modo "absolutamente partidista" y en Ciudadanos dudan de que sea la estabilidad que necesita Zaragoza.

Gaspar ha criticado la exclusión de los grupos que no apoyan al Gobierno en las Cortes y en el ayuntamiento tras el "abrazo" entre Lambán y Santisteve y que se haya presentado en las Cortes "aprobada con nocturnidad y alevosía", sin que se haya escuchado a los grupos del ayuntamiento.

"Nos sentamos el primer día -en la ponencia- y nos dijeron que iban a votar a todo que no, y volvieron a excluir al voz de los grupos de la verdadera oposición", ha reiterado Gaspar, quien ha tachado esta actitud de "atraco a mano armada a una ley que debería dar estabilidad a la ciudad".

A pesar de esta situación, Lafuente ha asegurado que no harán "un plante" en la votación de la ley, que será en consonancia con lo ocurrido.

Herrero ha considerado que aprobar así esta ley es una "irresponsabilidad", porque nace "fracasada de antemano" y sin vocación de perdurabilidad y, de hecho, los tres partidos se comprometen a cambiarla si hay un cambio de gobierno, eso sí, escuchando a todos los grupos, ha subrayado Gaspar.

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