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Aragón

El contrato de telecomunicaciones primará el retorno inversor en territorio

El nuevo acuerdo marco de telecomunicaciones en Aragón incluirá cláusulas sociales para garantizar la calidad del empleo.

El pliego para la licitación del nuevo acuerdo marco de telecomunicaciones para Aragón valorará especialmente a las empresas que estén dispuestas a acometer inversiones "de retorno" en el territorio e incluirá cláusulas sociales para garantizar la calidad del empleo.

La directora gerente de la entidad pública Aragonesa de Servicios Telemáticos (AST), María Teresa Ortín, ha comparecido hoy en la Comisión de Innovación, Investigación y Universidad, a petición de Podemos, para explicar el desarrollo de este nuevo acuerdo marco para la prestación de los servicios de telecomunicaciones al Gobierno de Aragón, que se licitará en enero de 2018.

El actual se adjudicó en 2012 por cinco años, con uno de prórroga, que concluye en julio de 2018, motivo por el que ya ha comenzado el proceso para la renovación con una consulta preliminar al mercado a la que han respondido siete empresas, dos de ellas operadoras y cinco prestadoras integradoras de servicios.

Ortín ha explicado que como novedad, se establecerán en los pliegos "factores sociales" en detrimento de otros puramente economicistas que permitirán valorar en positivo las inversiones que las empresas tengan previsto hacer en el territorio, en zonas "con carencias", como contribución a la expansión de la economía.

Será una especie de "retorno de la inversión", según Ortín, de un contrato que tiene un coste importante, calculado en torno a los 28,5 millones de euros, que se pretende que "deje un poso de inversión" en el territorio, sobre todo en el medio rural.

Pero además, el contrato incorporará cláusulas sociales que, de no cumplirse, podrían ser causa para su extinción.

Entre ellas, el cumplimiento del pago de los salarios pactados a todo el personal de la empresa adjudicataria; el pago en el plazo legal establecido a todos los subcontratistas; la garantía de no aminorar unilateralmente las condiciones laborales en cuanto a salario o jornada en el plazo del contrato y la inclusión de planes de conciliación y de igualdad.

Los 28,5 millones suponen una rebaja del 10 por ciento con respecto al contrato anterior, mientras que también se han modificado los plazos, con una duración inicial de cuatro años, prorrogables en otros dos pero año a año.

Se pretende con ello facilitar la concurrencia pero no limitar las condiciones del contrato en un sector con una rápida evolución tecnológica, ha explicado Ortín.

Ha agregado que para conformar el nuevo acuerdo marco se ha tenido en cuenta el alcance del servicio cuando cada día se necesita más capacidad y más velocidad en la transmisión de datos y, además, con más seguridad ante las amenazas del exterior, procedentes en la actualidad en su mayoría de "organizaciones criminales".

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