La figura del Justicia de Aragón mantiene su credibilidad pese a que el actual titular y su equipo llevan tres años y medio de interinidad en el cargo. Un dato sorprendente que genera preocupación en los ámbitos políticos e institucionales. El hecho de que los partidos no sean capaces de haber llegado a un consenso para designar a su sucesor supone un serio desgaste al autogobierno y al desarrollo del Estatuto. Esto también ocurre con la Cámara de Cuentas, que lleva dieciocho meses esperando que los grupos de las Cortes alcancen un acuerdo para elegir al nuevo presidente y a los dos consejeros que deben dirigir el organismo fiscal, cuyo funcionamiento es básico para garantizar el control de las cuentas del Gobierno, Parlamento, diputaciones, comarcas, ayuntamientos y entidades, fundaciones, corporaciones y empresas públicas.

El Justicia y la Cámara son básicos para defender los derechos individuales y colectivos de los aragoneses y para asegurar que los recursos de todos están gestionados de acuerdo a la legalidad y bajo el principio de transparencia. Son, sin duda, la primera línea para impedir abusos de poder y tentativas de corrupción.

La interinidad no afecta del todo a la labor que están desarrollando sus actuales responsables, pero deteriora su imagen al generar dudas sobre su utilidad, funciones y vinculación a la identidad propia de los aragoneses. La responsabilidad corresponde totalmente a los grupos parlamentarios, a la Mesa y Junta de Portavoces de las Cortes y a los gobiernos de la actual y de la pasada legislatura (PSOE-CHA y PP-PAR).

El riesgo de esta situación amenaza el futuro de ambas instituciones. Desde 2012, con la excusa de la crisis y la necesidad de ahorrar gasto público, no han faltado voces del ámbito político nacional y europeo, principalmente del centroderecha, que han puesto en tela de juicio su continuidad y han llegado a proponer la supresión de ambas en Aragón y de sus homólogos en el resto de autonomías.

Es cierto que esa intención ha decaído y que urgencias han cambiado. Pero la amenaza sigue presente. Es imposible que los aragoneses lo permitieran, pero si hay riesgo de que pierdan contenido. En este sentido, el bloqueo implica que las Cortes eluden elaborar desarrollos normativos para que ejerzan sus funciones con mayor efectividad. Como sería la obligación de que todas las instituciones respondan a los requerimientos del Justicia y de la Cámara, por ejemplo.

El camino de estas dos instituciones no ha sido fácil. El Justicia no fue puesto en marcha hasta finales de 1987, pese a su importancia en la arquitectura del autogobierno. La Cámara de Cuentas tuvo que esperar a las reformas estatutarias y se demoró hasta 2009.

El actual Justicia, Fernando García Vicente es el tercero que ocupa el cargo, tras Emilio Gastón y Juan Bautista Monserrat. Fue nombrado en 1998 y fue reelegido en otras dos ocasiones. Tenía que haber sido relevado en marzo de 2014, pero el Gobierno PP-PAR no abrió el proceso hasta septiembre de ese año. No quiso pactar con la oposición y trató de proponer sin consenso en enero de 2015 a Julio Arenere, lo que implicaba cuatro votaciones para que saliera pero con el rechazo de toda la oposición. Paralizada el proceso, las rondas de contactos fueron infructuosas y el relevo quedó bloqueado. Tras las autonómicas de 2015, nadie mostró interés en negociar pese a los discursos grandilocuentes de unos y otros. Tampoco fue a buen puerto en mayo de 2016 la propuesta socialista de Carlos Carnicer y nadie dice nada sobre la de Ángel Dolado, que impulsa CHA.

La Cámara debería haber sido renovada en junio de 2016. Es seguro que no continuará el presidente Antonio Laguarta, el primero que ha ocupado el cargo, pero no hay consenso para su relevo. Es probable que siga de consejero Alfonso Peña, apoyado por el PSOE, y está sin concretar qué hará Luis Rufas, que cuenta con el respaldo del PP.

Las claves de este desaguisado son dos. Una, que el PP-PAR no quiso negociar con el PSOE en 2014 y 2015 y ahora es el PSOE el que tiene poco interés de un pacto a dos bandas. Y la segunda, que Podemos, con Echenique al frente, bloqueó los acuerdos de izquierda. Esto parece que ha cambiado y que el nuevo líder de la formación morada está por desbloquear la situación. Eso sería un parche, pero valdría. Aunque lo deseable es un consenso amplio, de las tres quintas partes de las Cortes (41 de los 67 escaños) para asegurar la estabilidad del Justicia y de la Cámara. No siempre respetada por los intereses de los partidos. Como es el caso.