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El PAR pide que ningún hijo que herede menos de 300.000 euros pague sucesiones

Allué ha recordado que el consejero de Hacienda ha reconocido que en este ejercicio va a recaudar 25 millones de euros más de lo previsto por este impuesto.

Elena Allué, en una imagen de archivo.
Elena Allué, en una foto de archivo.
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El PAR ha registrado una proposición no de ley en las Cortes, que ha presentado este martes en rueda de prensa la diputada Elena Allué, para que se modifique el impuesto de sucesiones y queden exentos del mismo todos los hijos que hereden de sus padres menos de 300.000 euros.

Allué ha recordado que el consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, ha reconocido que en este ejercicio va a recaudar 25 millones de euros más de lo previsto por este impuesto, y dado entonces que dispone de más recursos, puede permitirse "ceder una mínima parte", como ya han hecho muchas otras comunidades autónomas, para que ningún hijo que herede hasta 300.000 euros tenga que pagar nada.

En su proposición, además, el PAR solicita un "paquete de medidas claro", con "compromisos, cuantías y plazos", para que se produzca una modificación "general" en la política fiscal del Gobierno, que deje de situar a Aragón en "clara desventaja competitiva".

Ha explicado en este sentido que en Andalucía se ha llegado a un acuerdo "bastante importante" para prácticamente suprimir el impuesto, que ya cualquier herencia de hasta un millón de euros se bonifica al 99 por ciento.

En Asturias, ha agregado, se acaba de rebajar "drásticamente" para mejorar el mínimo exento, con lo que solo doscientos herederos lo van a pagar tras la nueva reforma, lo que supondrá que el Gobierno asturiano deje de recaudar diez millones de euros, mientras que en Extremadura también se prepara un paquete de medidas para rebajarlo.

Y ha hablado también de comunidades gobernadas por otros partidos, como Madrid y Canarias, donde este impuesto "prácticamente no existe"; o Castilla y León, donde este año el mínimo exento pasa de 175.000 a 300.000 para dejar de recaudar ocho millones; Galicia, donde el mínimo es de 400.000 euros, o Cantabria, donde es de 700.000 euros.

Para Allué, el Gobierno de Aragón debería de "estar atento a las demandas de la sociedad", de las organizaciones empresariales e incluso del Justicia de Aragón, que ha recordado que ha hecho una sugerencia para reducir la carga fiscal y aumentar las bonificaciones y exenciones.

La rebaja, ha insistido, no va dirigida a los "grandes patrimonios", sino a las clases medias, "que han ahorrado con esfuerzo y mucho sacrificio, pensando en vivir dignamente al final de su vida o en ayudar a sus hijos".

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