La comarca de Andorra otorgó subvenciones de forma irregular, según la Cámara de Cuentas

La Cámara de Cuentas ha detectado graves irregularidades en la concesión de subvenciones por parte de la comarca Andorra-Sierra de Arcos, ya que se saltó la normativa en la convocatoria, valoración, adjudicación y posterior supervisión de las ayudas correspondientes a 2015, que se elevaron a 295.000 euros. Así consta en su último informe de fiscalización, que ha remitido al Tribunal de Cuentas para que investigue todos los "incumplimientos significativos de la normativa" por si fueran constitutivos de infracción "de la que se pueda derivar responsabilidad contable".

Dichos incumplimientos se extienden también a las retribuciones de la Corporación y asignaciones a los grupos políticos, a la política de personal, al control interno y a la propia contratación, entre otros aspectos destacados en el informe, de 143 folios. La comarca, presidida por el socialista Antonio Donoso, ni siquiera presentó alegaciones ante las graves apreciaciones pese a que le amplió el plazo, tal y como llegó a solicitar el pasado verano.

De hecho, esta es una de las contadas ocasiones en las que la Cámara de Cuentas insta a investigar las salvedades por posible infracción en los ocho años transcurridos desde su constitución, en los que ha elaborado más de cien informes de fiscalización sobre la actividad económico-financiera del sector público aragonés.

Los mayores reparos a la comarca Andorra-Sierra de Arcos se centran en el capítulo de subvenciones. No solo cuestiona que repartiera 295.000 euros sin haberse aprobado el preceptivo plan estratégico ni las publicitara en el boletín oficial, sino que incumplió los procesos para su control establecidos en la ley estatal y automómica de Subvenciones. Así, pone de manifiesto que no constan informes de la comisión de valoración "ni ningún otro informe técnico de evaluación de solicitudes", destaca que las resoluciones de concesión no se motivan y que el importe de los gastos justificados es inferior al presupuesto del proyecto valorado para la concesión de la ayuda.

Entre los más de veinte reparos sobre las subvenciones que recoge la Cámara de Cuentas en su informe hay un apartado específico para las concesiones directas: no consta el certificado de existencia de crédito, en la mitad de los expedientes supervisados no se justifica que concurra ninguno de los supuestos legales para su adjudicación y tampoco consta que los beneficiarios cumplan los requisitos para poder optar.

La lista de "incumplimientos significativos de la normativa" es mucho más larga, como la que obliga a publicitar en el Boletín Oficial de la Provincia las retribuciones de los miembros de la Corporación y a tramitar el preceptivo expediente para pagar la asignación de 17.000 euros a los grupos políticos. "Solo consta la realización de las transferencias bancarias", detalla antes de cuestionar que no figure la preceptiva justificación de los fondos percibidos por parte de los partidos.

También pone en tela de juicio el control interno, dado que la Junta de Gobierno de la comarca adoptó, al menos, 15 acuerdos que supusieron el gasto de 369.000 euros "en los que consta informe de la secretaría-intervención de inexistencia de crédito, pero sin que se formulara reparo". Por tanto, añade, no hubo trámite de discrepancia y se incumplió la ley, que establece que el consejo comarcal resuelva las discrepancias "cuando los reparos se basen en insuficiencia de crédito".

Igualmente, censura que no publicara la convocatoria de las licitaciones ni las resoluciones en la Plataforma de Contratación del Sector Público, al igual que las irregularidades en los dos expedientes de contratación de cuantías superiores a los contratos menores.

No obstante, el informe incide en que la cuenta general de la comarca recoge una "imagen fiel" de su patrimonio y de su situación financiera. Eso sí, reprocha que no haya atendido la mayoría de recomendaciones que ya le hizo a la institución en 2015.