El Gobierno de Aragón solo podrá garantizar un año su anunciado plan de infraestructuras educativas hasta 2020 si finalmente no logra los apoyos necesarios para aprobar los presupuestos de 2018 y se ve obligado a prorrogar los de este año. Con las limitaciones legales existentes, tan solo está en condiciones de acometer la construcción de aquellos colegios e institutos que dispongan de partida en los presupuestos de 2017 o cuyo gasto se anticipe antes de que finalice este año.

De este modo, el ambicioso plan de inversiones aprobado el martes por el Consejo de Gobierno para impulsar 32 grandes actuaciones en los próximos tres años queda en el aire, ya que requeriría la inversión de 34 millones anuales hasta 2020 y muchas de las actuaciones carecen a estas alturas hasta de proyecto para sacar a concurso su construcción. De hecho, solo se podrían garantizar los equipamientos comprometidos, concentrados en la provincia de Zaragoza.

La consejera de Educación, Mayte Pérez, comprometió el gasto, independientemente de que haya que prorrogar las cuentas si no hay acuerdo con el resto de partidos de la izquierda. Sin embargo, responsables técnicos de la DGA subrayaron ayer que la realidad es muy distinta al mensaje oficial. Así, indicaron que solo se podría acometer en 2018 aquellos proyectos que dispusieran de respaldo económico antes de que el consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, firme el cierre presupuestario a lo largo de este otoño.

Fuentes oficiales de la DGA explicaron que el plan de infraestructuras educativas prevé que en los seis meses previos a cada ejercicio se aprueben las partidas plurianuales o el gasto anticipado necesario. Para 2018 se dispone del respaldo contable necesario para construir las fases de primaria de los tres colegios en obras en el sur de Zaragoza (Valdepartera 3, Parque Venecia y Arcosur), Las Anejas de Huesca, los de Binéfar, Alfajarín, Cuarte, Sobradiel y Pedrola. También se ha previsto entre este año y el siguiente las ampliaciones de los centros Asunción Pañart de Aínsa y Juan Ramón Alegre de Andorra.

El próximo año también se acometerá la segunda fase del instituto de La Puebla de Alfindén y el de Villanueva de Gállego como principales actuaciones.

La Consejería de Educación garantiza su ejecución a lo largo de 2018 pese a que haya una prórroga presupuestaria, ya que se dispondría de los 34 millones previstos este año. De hecho, el plan de infraestructuras educativas se ha diseñado con la proyección anual de este dinero hasta 2020.

Lo que aún es una incógnita es cuántas obras más podrían incluirse en las cuentas de 2017, con la oportuna apertura de una partida plurianual o la tramitación de gasto anticipado.

No obstante, Educación no podrá incluir todas las actuaciones, que suman un total de 133 millones en el periodo comprendido, de 2017 a 2020. La Ley de Hacienda de Aragón establece un límite muy claro en su artículo 41, por el que no se puede comprometer partidas más allá de cuatro ejercicios ni un determinado nivel de gasto en los años sucesivos respecto al crédito autorizado para 2017. La misma normativa autonómica establece, a propuesta de la Consejería de Hacienda, la posibilidad de hacer excepciones "en los casos especialmente justificados y siempre de manera excepcional".