Funcionarios de la Dirección General de Contratación y Patrimonio del Gobierno aragonés retiraron el pasado jueves de un edificio propiedad de la DGA en la localidad turolense de Castelserás, los símbolos y enseres que un grupo de falangistas conservaban en su interior, donde habían acondicionado una especie de oficina y archivo.

Los responsables de la DGA cargaron los objetos a un camión de mudanzas preparado para tal fin y, con la ayuda de un cerrajero, cambiaron la cerradura del edificio para que los falangistas no puedan volver a entrar. Todo ello se hizo en presencia de un notario y de agentes de la Unidad de la Policía Nacional Adscrita a la Comunidad. Al parecer, en el transcurso del desalojo y tras el aviso de uno de los falangistas que utilizan habitualmente el inmueble, acudieron dos agentes de la Guardia Civil de Alcañiz, si bien al considerar que la actuación se estaba realizando de acuerdo a la legalidad, se marcharon.

Banderas con el yugo y las flechas –símbolo falangista–, figuras de madera con la misma imagen y también papeles allí guardados fueron los objetos que la DGA se llevó y que han quedado en depósito. Además, el Gobierno aragonés retiró el cartel con la misma simbología que permanecía en el balcón de la fachada del edificio.

Hace apenas un mes y medio, el Gobierno aragonés, en base a la Ley de la Memoria Histórica, ya retiró del exterior del edificio los símbolos falangistas que había, pero los ocupantes del mismo, vecinos de Castelserás, volvieron a colocarlos a los pocos días.

Conflicto enquistado

El conflicto por el uso de esta casa viene de antiguo y se ha enquistado. Durante la dictadura franquista, el edificio fue la sede local de la Falange y más tarde se ubicó allí la Cámara Agraria, si bien hace años que esta institución se mudó a otro sitio. En la actualidad, los militantes de Falange que residen en Castelserás se consideran herederos de este inmueble, un viejo caserón típicamente aragonés, y por ello instalan allí su sede.

Sin embargo, el delegado territorial del Gobierno aragonés en Teruel, Antonio Arrufat, explicó ayer que el edificio figura, tanto en el Catastro como en el Registro de la Propiedad, a nombre del Ejecutivo autonómico. Está catalogado como centro social, siendo el único inmueble que la DGA posee en la localidad bajoaragonesa. Según indicó, la propiedad pasó de manos estatales a autonómicas en su día al igual que ocurrió con cientos de edificios repartidos por todo el país.

"Estaban utilizando la casa, que forma parte del patrimonio público de Aragón, sin permiso y eso es ilegal", dijo Arrufat en relación a los falangistas que han venido usando el edificio. El delegado territorial de la DGA en Teruel recordó que, en una ocasión anterior, los militantes de este partido ya cambiaron la cerradura "para poder entrar solo ellos". "Son okupas de este inmueble", agregó Arrufat.

Desde Falange reivindican que la casa era suya y que desde ella se daba servicio a todo el pueblo. "El edificio no se lo han quitado a los falangistas, se lo han quitado a la localidad entera", señalaron ayer fuentes de este partido. "Allí estaba la CENS, la Cámara Agraria, se repartían las patatas de siembra y el aceite, se hacían cursos de coser y tejer; de allí ha salido la imagen de San Isidro y las damas de fiestas de toda la vida. Es una casa del pueblo", declararon con indignación.

Este grupo ultraderechista alega en su defensa que se han encargado de los gastos y reparaciones del edificio desde hace muchos años y atribuyen la polémica a que "el político de turno quiere subir en la DGA y colgarse una medalla quitando símbolos franquistas". Dicen que el inmueble fue de su propiedad hasta 1977, cuando pasó a manos del Gobierno central. Admiten que hace tres años fue a parar a la DGA. A su juicio, la Administración autonómica presta atención al edificio "para venderlo". Este grupo calificó de "atraco a mano armada" el desalojo del pasado jueves. "En esta casa había papeles privados", indicaron, al tiempo que anunciaron que han solicitado la devolución de los bienes incautados.