De vigilantes de discoteca a velar por la seguridad de las verbenas

La fiesta no se toma vacaciones y nada a contracorriente, porque en los meses de verano, cuando los trabajadores seleccionan sus días de descanso, ella hace horas extra.

Las grandes ciudades son las capitales del ocio, pero en temporada estival los pueblos multiplican población, festejos y se convierten en los mejores escenarios para encontrar diversión. El nuevo decreto de espectáculos, lejos de aguar la fiesta, quiere que los actos sean "controlados, conforme a las normas y sin riesgos", y para que las medidas lleguen a buen puerto entran en juego las empresas de seguridad.

La zaragozana Unit4 Events comenzó su andadura en el sector en 2014. Desde esa fecha ha emprendido un ritmo de trabajo frenético, en parte "gracias al cambio de normativa impuesta desde el Gobierno de Aragón, que ha incrementado las exigencias a los promotores de las fiestas", cuenta el responsable de la empresa, Luis Álvarez.

Torreluna, Puerta Cinegia e Interpeñas son algunos de los recintos que requieren sus servicios en la capital aragonesa a lo largo del año, pero en verano, el equipo se traslada a los pabellones y carpas móviles aptas para grandes citas ubicadas en los campos de fútbol o en las plazas de los pueblos de la Comunidad.

"Recientemente hemos trabajado en Tauste, Andorra, Híjar, Pina de Ebro, Santa Isabel, La Puebla de Alfindén o Alfajarín", señala Álvarez, que reconoce que muchos pueblos han sido reacios a contratar efectivos de seguridad y servicio de admisión hasta que se han topado con conflictos y el decreto. "Los agentes de seguridad y los porteros han sido siempre mal vistos; menos mal que ha cambiado el concepto, porque nosotros estamos para prevenir, no para causar problemas", recalca el empresario.

La nueva normativa aragonesa –la "más dura" de toda España en materia de eventos públicos, según Álvarez– obliga a que todo espacio con un aforo superior a 150 personas cuente con servicios de admisión homologados y con trabajadores debidamente acreditados, algo que hasta la fecha no se miraba con lupa. "Tenemos que pasar un examen teórico y otro psicotécnico para que nos otorguen el carné, y sabemos de gente no titulada que está pirateando la tarjeta", dice Alberto Meléndez, uno de los trabajadores de Unit4.

Un añadido a los gastos

Aunque las empresas de control admiten que el decreto de la DGA les beneficia, ya que sus servicios son más requeridos, consideran que "en parte pueden perjudicar a los promotores, ya que es un añadido a sus gastos", apunta Álvarez. Los trabajadores cobran una media de entre 15 y 17 euros la hora, porque "si se quiere un servicio en condiciones hay que pagar un salario en condiciones", recalca el empresario, que desvela que algunas compañías perciben solo 13 euros de los promotores y pagan 6 euros a sus empleados, "algo completamente abusivo", incide.

Su trabajo pasa por controlar los accesos, el aforo y la entrada de los menores; por comunicar cualquier incidencia a la Policía o a los Bomberos, establecer las vías de evacuación y controlar que no entren en el recinto alcohol ni botellas de cristal. "Lo que más nos cuesta es evitar que cuelen bebidas, pero si la gente consume en el interior se generarán más ingresos y los promotores podrán programar mejores actuaciones", apunta Meléndez.

El sector ve aumentar la competencia en un verano en el que la polémica convive con la diversión. Los que no quieren tomar medidas de seguridad se escudan en que nunca pasa nada, pero, ¿y si un día sí? Álvarez lo tiene claro: "Cuando abres las puertas de cualquier sitio existe un porcentaje, aunque sea mínimo, de que algo suceda. Las empresas de control estamos para reducirlo y para poner las cosas fáciles".