Una reciente sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que confirma que las enfermeras no pueden vacunar sin prescripción médica ha generado confusión e inquietud entre las profesionales aragonesas. El conflicto sobre el que se pronuncia el fallo judicial vasco es antiguo y afecta, en realidad, a toda España.

La preocupación en el colectivo se inició tras la publicación (en 2015) de un Real Decreto del Gobierno central que impedía a estos profesionales prescribir fármacos sin que un médico elaborara un diagnóstico previo e individualizado y recetara la medicina correspondiente.

Este decreto fue considerado ambiguo por el sector sanitario ya que, en su opinión, no dejaba claro qué debía entenderse por prescribir fármacos ni detallaba si poner una vacuna entrada dentro de esta consideración. Pero en tanto se clarificaba su interpretación con el desarrollo de posteriores protocolos, todas las comunidades emitieron distintas órdenes administrativas que lo dejaban, de hecho, sin efecto. Por lo que el personal sanitario ha seguido poniendo hasta ahora vacunas en toda España.

En el caso del Servicio Vasco de Salud emitió una instrucción que obligaba al personal de enfermería a vacunar a la población sin necesidad de exigir una prescripción médica previa individualizada. Esta instrucción fue recurrida por el sindicato Satse y los colegios de enfermería de las tres provincias vascas por entender que era contraria al decreto. Lograron su suspensión cautelar, medida confirmada ahora por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

En Aragón, ante la presión de los sindicatos del sector y los colegios profesionales, preocupados por la imprecisión de la norma estatal, la Consejería de Sanidad emitió a principios de 2016 una circular en la que instaba a las enfermeras a seguir trabajando como hasta el momento y garantizaba que el Salud asumiría las responsabilidades en que pudiera incurrirse.

Sin embargo, tanto fuentes de CSIF como del Colegio de Enfermería de Zaragoza reconocieron ayer que esta sentencia judicial cambia la situación y genera nuevas inquietudes. Ambos explicaron que sus respectivos servicios jurídicos analizarán el fallo del TSJ del País Vasco y que, probablemente, solicitarán a la Consejería de Sanidad aragonesa que se pronuncie. Aunque la decisión judicial solo atañe al País Vasco, el hecho de que haya ya una sentencia sobre este controvertido asunto genera incertidumbres que, en opinión de los representantes del sector, deberían resolverse antes de que se inicie, por ejemplo, la campaña de vacunación de la gripe. Asimismo, recordaron el bloqueo que puede ocasionarse en las consultas de Atención Primaria si todos los ciudadanos que quieran vacunarse deben pedir primero su correspondiente prescripción medica.