La juez pide a Cataluña que diga dónde tiene las obras de Sijena que debe devolver el lunes

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Huesca, Carmen Aznar, ha pedido al Gobierno Catalán que le comunique hoy mismo dónde se encuentran las 44 piezas del monasterio de Sijena cuya orden de devolución expira el próximo lunes. Este es el paso legal previo para poder incautarse de los bienes, una solicitud que tanto el Ejecutivo de Aragón como el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena han cursado, hasta ayer, en 26 ocasiones desde que las autoridades catalanas incumplieran la primera orden judicial de entrega de las piezas, hace ahora un año.

Esta es la primera vez que la jueza conmina a la Generalitat a identificar la localización de los bienes retenidos en el Museo Diocesano de Lérida, una decisión que fuentes jurídicas valoraron ayer como el paso previo para enviar a la Brigada de Patrimonio Histórico de la Policía.

En un nuevo auto, no solo hace el requerimiento al Gobierno catalán, sino que rechaza valorar la petición de la DGA para que sus técnicos puedan acceder al Museo de Lérida, con auxilio de la Policía, para traerse los bienes retenidos si el día 31 se incumple de nuevo el mandato judicial de entrega. La magistrada señala que "no ha lugar" hasta que venza el plazo dado a las 22.00 del lunes. "Procede esperar a que transcurra el día 31 y, en su caso, continuará la ejecución conforme a derecho y como se ha determinado en los escritos precedentes", señala.

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Huesca deja bien claro en la exposición de motivos que la Constitución atribuye a los jueces y tribunales la función de ejecutar lo juzgado e "impone el deber de cumplimiento de las resoluciones judiciales y el de colaboración en su ejecución". Y aunque rechaza por el momento pronunciarse sobre la solicitud de entrada al museo cursada por la DGA, también recuerda que la Carta Magna reconoce a quienes imploran la protección judicial de sus derechos e intereses legítimos, "el derecho a la ejecución de tales resoluciones".

También hace alusión a los reiterados pronunciamientos del Tribunal Constitucional valorando la ejecución de las sentencias como "parte integrante del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva". Por ello, añade que si no se ejecutasen, "las decisiones judiciales y derechos que en ella se reconocen no serían más que declaraciones de intenciones sin alcance práctico ni efectividad alguna".

La DGA no se da por vencida

El Gobierno de Aragón no se dio por vencido con la decisión de la jueza de esperar hasta el lunes para valorar su petición de ir a Lérida a por los bienes. Sus servicios jurídicos presentaron un nuevo escrito en el juzgado para que aclare qué ocurrirá si, vencido el plazo de entrega a las 22.00 del lunes, la Generalitat cumple su anuncio de seguir reteniendo los bienes. También recuerdan que si no hay decisión al respecto, carecen de capacidad de respuesta por la hora, al tratarse ya de un "momento inhábil para presentar escrito alguno, hasta el 1 de septiembre".

Además, el letrado de la Comunidad, Alberto Gimeno, vuelve a a solicitar que si se finalmente no hay devolución se autorice a la DGA al día siguiente, el 1 de agosto, para entrar al Museo de Lérida "con el fin de proceder a la inmediata incautación judicial y posterior traslado de los 44 bienes restantes al real monasterio de Sijena".

Los servicios jurídicos insisten en que su intención es evitar "una vez más" el incumplimiento en la entrega de los bienes, "sin perjuicio" de que se pueda abrir una causa por la desobediencia. De hecho, se refiere a la "evidente responsabilidad penal" que supondría la actitud de los responsables del Gobierno catalán.

La consejera de Educación, Mayte Pérez, ya expresó el martes que con la petición de ir a Lérida a por los bienes no pretendían "presionar" a la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Huesca, sino "agilizar" el procedimiento y "hacer cumplir el Estado de derecho".

El Gobierno de Aragón sostiene que a la Generalitat se le han dado "muchas oportunidades" para cumplir la sentencia, por lo que se ha llegado al punto del "hartazgo". Esta situación llevó al Gobierno PSOE-CHA a tomar la iniciativa y "dar un paso más" para evitar que el Gobierno catalán "vuelva a reírse de la Justicia y de Aragón".