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Santamaría avisa a las autonomías de que vetar la financiación sería un "fracaso compartido"

La vicepresidenta reclama "voluntad política". Montoro negocia el calendario con las comunidades. La propuesta de la comisión de expertos plantea que el dinero extra llegue con una subida del IVA

El Gobierno ya tiene el informe de los expertos. La vicepresidenta y el ministro de Hacienda recibieron ayer el informe que ha elaborado la comisión de expertos sobre la financiación autonómica. En la imagen,Sáenz de Santamaría junto al ministro Montoro.
El Gobierno ya tiene el informe de los expertos. La vicepresidenta y el ministro de Hacienda recibieron ayer el informe que ha elaborado la comisión de expertos sobre la financiación autonómica. En la imagen,Sáenz de Santamaría junto al ministro Montoro.
Emilio Naranjo/Efe

Ya es solo cuestión de "voluntad política", al menos según el Gobierno central. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, reclamaron ayer a los Gobiernos autonómicos "colaboración, empatía y trabajo" para facilitar la aprobación de la nueva financiación autonómica. "Sería un fracaso compartido" no aprobar un nuevo sistema, afirmó la vicepresidenta. Ambos dirigentes se pronunciaron a favor "de la búsqueda del consenso" en el acto formal en el que los expertos designados por el Estado y las autonomías entregaron al Gobierno su informe con las conclusiones que deben guiar el nuevo modelo.

Con el acto de ayer se cerró la primera fase de la negociación, que era la elaboración del informe técnico que sienta las bases del nuevo sistema de reparto del dinero. Sáenz de Santamaría y Montoro abrirán la segunda fase de forma inmediata, con una reunión hoy con las Comunidades en la Conferencia de Política Fiscal y Financiera, en las que iniciarán el debate más político del reparto de fondos. "Les pedimos que se pongan unos en el lugar de los otros", planteó Sáenz de Santamaría para que llegue a haber un acuerdo.

El informe técnico evita poner cifras concretas o porcentajes sobre lo que recibiría cada Autonomía. En cualquier caso, con los planteamientos que esboza, Aragón no tendría ningún beneficio mientras la aportación extra que haga el Ministerio de Hacienda al sistema no supere los 3.000 millones. Sin embargo, a partir de esa cifra extra, la Comunidad tiene opciones de salir beneficiada, aunque inicialmente en menor medida que otras.

El Gobierno central parece dispuesto a poner esos 3.000 millones sobre la mesa, pero no quitándose una parte del dinero que gastan los Ministerios, sino aumentando la recaudación vía impuestos y cediéndola a las autonomías. En este sentido, la propuesta principal del informe implica la posibilidad de subir el IVA y que el dinero que se saque con ese incremento vaya íntegro a las Comunidades Autónomas. Como criterio general, plantea una "armonización" de impuestos entre las autonomías de régimen común, que disminuyan las diferencias entre lo que pagan sus ciudadanos, aunque al alza. Así, plantea la posibilidad de igualar al alza tributos como el de hidrocarburos.

"Especialmente de PP y PSOE"

Sáenz de Santamaría y Montoro insistieron en que el acuerdo saldrá adelante "si hay voluntad política de todos, de los partidos y especialmente del PP y el PSOE, ya que gobiernan en la mayoría de las autonomías implicadas y son también amplia mayoría en el Congreso". En este sentido, el Gobierno central ya ha dejado claro que no impulsará una nueva financiación si no es con un acuerdo expreso con el PSOE, lo que supone que tanto Aragón, como Andalucía y por ejemplo Valencia podrán tener capacidad de veto sobre el modelo.

Hay que tener en cuenta además de que el Gobierno central ha unido la negociación de la financiación autonómica a la local. Sáenz de Santamaría calificó de "acierto" esta vinculación "ya que estamos hablando de la financiación del Estado del bienestar".

En este sentido, el Ministerio de Hacienda cuenta también desde ayer con un segundo informe técnico, en este caso vinculado a la financiación local. Entre sus propuestas más destacadas están una revisión del IBI y facilitar la creación de una tasa turística.

"Vamos cumpliendo plazos"

El Gobierno central insistió ayer en su compromiso con poner en marcha ambas reformas de financiación, pero evitó concretar los plazos. De hecho, el ministro de Hacienda explicó que hoy tiene previsto abordar con las autonomías una propuesta de "calendario político" para la negociación. En principio, la idea que manejaba el Gobierno y que se aprobó en la Conferencia de Presidentes es que la nueva ley de financiación entrase en vigor el 1 de enero de 2018. Ahora no parece muy realista este escenario, ya que primero hace falta un acuerdo de todas las Comunidades dentro del Consejo de Política Fiscal y, después, que lo refrende el Congreso de los Diputados.

La negociación apunta a que se complicará a partir de septiembre ante la falta de consenso entre las autonomías. De hecho, hay posicionamientos ya muy diferentes incluso entre gobiernos del mismo partido. Por ejemplo, Aragón, Valencia y Baleares (las tres controladas por coaliciones de izquierda lideradas por el PSOE) tienen posturas contrapuestas. También hay conflictos entre las del PP. "Más que los plazos, lo importante es que se vaya avanzando y la negociación termine bien", confió Sáenz de Santamaría.

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