La DGA y la Fiscalía han perdido en los tribunales todos los casos de corrupción de Plaza

El Gobierno de Aragón no ha dejado de recibir varapalos desde que en 2012 inicio su particular cruzada judicial contra la presunta corrupción en Plaza. En los cinco años transcurridos desde que el Ejecutivo de Rudi denunciara al exgerente Ricardo García Becerril por un sobrecoste millonario por dos edificios encargados a Codesport, no ha hecho más que perder todas las causas abiertas, tanto por la vía penal como por la civil. La misma suerte ha corrido la Fiscalía de Zaragoza, que ha ejercido la acusación en todas causas penales en las que los encausados han sido absueltos o los procesos han acabado sobreseídos.

El revés no solo afecta al Ejecutivo PP-PAR, ya que ha tenido consecuencias directas sobre las arcas públicas. Al margen del coste indirecto de las centenares de horas dedicadas por los servicios jurídicos de la DGA a los casos de Plaza, habrá que abonar casi medio millón de euros al despacho de abogados de Madrid que la expresidenta popular fichó para defender los intereses de la sociedad pública en todos los procedimientos sobre presuntos sobrecostes millonarios.

Hasta el momento, Oliva-Ayala han emitido facturas por un importe de 299.615 euros en concepto de honorarios (a los que se debe sumar el IVA), así como gastos por 7.377 euros, por las causas penales. A estos importes se deben sumar otros 17.500 euros por sus honorarios por el recurso de casación interpuesto en el caso Naves, que se acaba de perder, y otros 49.500 euros por el caso Kartódromo, en el que un jurado declaró no culpables a los tres acusados. El coste global estimado de la minuta ascenderá a 493.992 euros.

Además, con dinero público ya se han tenido que abonar más de 100.000 euros adicionales por la condena en costas tras fracasar Plaza a la hora de denunciar por la vía civil el supuesto sobrecoste millonario en un edificio de oficinas que le encargó a Agapito Iglesias. Y ahora tendrá que abonar una cifra superior tras ser de nuevo condenada a pagar los costes judiciales del caso Naves.

Hasta el momento se han resuelto siete procedimientos, seis por vía civil y otro por la civil con idéntica suerte, por lo que se han volatilizado las pretensiones de reclamar los sobrecostes millonarios pagados por edificios e instalaciones en Plaza. Ni siquiera el jurado consideró culpables al exgerente de Plaza Ricardo García Becerril y al ex consejero delegado, Carlos Esco, por el cobro de una comisión de 661.100 euros que el empresario Santiago Becerril admitió haber pagado al exgerente por la venta a la sociedad pública de los suelos del kartódromo, supuestamente por más dinero de lo que valían. Se concluyó que había indicios, pero no prueba.

El pasado jueves, el Tribunal Supremo comunicó la última sentencia, por la que absolvía tanto a García Becerril y Esco como al empresario Agapito Iglesias por el sobrecoste millonario de las 119 naves que encargaron a su empresa Codesport. A su juicio, no hubo delito de malversación, por el que habían sido condenados a cuatro años de prisión por la Audiencia, porque entiende que las obras estaba"bien ejecutadas".

Lo que aún está por ver es la suerte que corren los otros tres casos abiertos en los tribunales. Por una parte, el de mayor calado, el presunto saqueo de 157 millones en la urbanización de Plaza, pendiente de juicio y por el que la Fiscalía solicita penas que suman 195 años de cárcel para 25 acusados. A estos se suman la causa por blanqueo de capitales contra Esco y Agapito Iglesias, derivada de la supuesta malversación que niega el Supremo, y la del presunto falso saqueo de Codesport en una nave que le encargó Plaza, también pendiente de juicio.

Las reacciones políticas

El fallo del Supremo llevó al presidente aragonés, el socialista Javier Lambán, a aseverar que la "zona de sombra" por la supuesta corrupción en Plaza durante la etapa del gobierno del socialista Marcelino Iglesias "queda definitivamente despejada". "Espero que eso vaya ocurriendo con el resto de las zonas de sombra que se suscitaron en los pasados años", subrayó.

En las filas del PP reconocieron y lamentaron el varapalo judicial recibido desde que en 2013 perdieron el primer caso penal, aunque oficialmente se negaron a valorar la acumulación de causas tumbadas por los tribunales. Así, fuentes oficiales del partido se limitaron a declarar que respetan y acatan las sentencias, les gusten"más o menos".

En la misma línea se pronunció el presidente de PAR, Arturo Aliaga, que formaba parte del Ejecutivo de coalición de Rudi que decidió emprender una cruzada judicial. Así, manifestó que las sentencias que dictan los órganos judiciales son "para respetarlas escrupulosamente y con todas sus consecuencias", sin valorar tampoco en su conjunto los procedimientos perdidos.