Los conductores de ambulancia han denunciado que el nuevo concurso de transporte sanitario urgente, que Sanidad ha sacado a licitación, legaliza la "precariedad asistencial y laboral", genera pacientes de primera y segunda y choca frontalmente con cualquier intención de fomentar el desarrollo rural al negarles servicios de primera necesidad.

El comité de empresa, integrado por el sindicato Cooperación Sindical (CSC), ha presentado alegaciones al nuevo concurso de transporte urgente, cuya licitación se publicó ayer en el Boletín Oficial de Aragón por un precio de más 77 millones de euros y un plazo de ejecución de cuatro años. Entre otras cuestiones, los trabajadores alertan del cálculo "erróneo" del presupuesto, que, aseguran, tiene un valor inferior al coste real de la masa salarial de los trabajadores. "No llega a cubrir los costes laborales de aplicación según el convenio colectivo. Existe un desfase de 5 millones de euros y ello sin tener en consideración los porcentajes de beneficio empresarial", subrayan. En ese sentido, muestran su "preocupación e incertidumbre" por que las empresas busquen resquicios por los que eludan las condiciones de convenio "mediante mecanismos de descuelgue o el incumplimiento del mismo".

Además, advierten de que esta situación afectará "indudablemente" a la ciudadanía, ya que recuerdan que el nuevo concurso amplía en un 20% la localización de las ambulancias. "Cuestión que impide una atención inmediata. Algo esencial en un servicio de emergencias digno", manifiestan. Pero también denuncian que las pretensiones de Sanidad es mantener 22 de las 88 ambulancias con tan solo un técnico como dotación de personal. Una cuestión que, destacan, le incapacita para llevar a cabo cualquier asistencia o movilización de pacientes.

Los trabajadores piden que estimen las alegaciones presentadas y desde el Sindicato Cooperación Sindical ya han adelantado que no descartan tomar medidas legales o acudir a los tribunales si el concurso continúa en estas condiciones. Por su parte, el consejero de Sanidad, Sebastián Celaya, defendió que el nuevo contrato tendrá un presupuesto de un 28% más que el anterior y mejorará la cobertura del territorio.