El Justicia también pide que las brigadas forestales refuercen a los bomberos

Utilizar las brigadas forestales terrestres adscritas al departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad para la extinción de incendios que ahora atienden los bomberos. Y todo con un doble objetivo: paliar las alarmantes carencias de personal profesional en gran parte de la Comunidad y cumplir el tiempo de respuesta máximo de 35 minutos establecido por la Ley del Fuego. Esta es la sugerencia que ha trasladado el Justicia al Gobierno de Aragón, haciendo suyas las propuestas de las Diputaciones Provinciales de Zaragoza y Huesca.

Así se recoge en un extenso informe de casi 50 páginas que acaba de hacer público la institución que preside en funciones Fernando García Vicente, en respuesta a una queja que planteó en septiembre de 2016 la Asociación de Bomberos Profesionales de Aragón, que reivindica el aumento de la dotación de personal.

La ABPA-CUBP trasladó sus críticas al Justicia por la falta de respuesta de varias administraciones de la provincia de Huesca (Ayuntamiento de Jaca y Comarcas de la Hoya, Bajo Cinca, Somontano, La Litera, Ribagorza y Sobrarbe) a sus peticiones de información sobre los medios materiales y humanos destinados a sus servicios de bomberos.

García Vicente volvió a reclamarla y entre las respuestas recibidas, la Diputación de Zaragoza y la de Huesca coincidieron en advertir de que con los medios actuales "no es posible cubrir la totalidad de la población y territorio en los 35 minutos marcados".

En el caso de la DPZ, que cuenta con 9 parques dotados con profesionales y 7 más con voluntarios, el tiempo de respuesta es de 7 minutos para el 55% de la población en aquellas localidades con parque, mientras que en otro 40% responderían en menos de 35 minutos. "Pero en un 4% podríamos llegar a los 50 minutos y en un 1% a los 80", recalcaron.

Por su parte, la DPH también contestó al Justicia que "en la situación actual, con la orografía y en muchos casos dificultad de comunicaciones con circunstancias invernales adversas, además de los medios que disponen las Comarcas de la provincia, no puede cumplirse el tiempo máximo de intervención de 35 minutos".

Ante ello, el informe considera que sería "razonable" adoptar medidas para garantizar la intervención de primer nivel en el plazo fijado "de manera que este resulte posible y efectivo". Y propone valorar "mecanismos" que permitan la colaboración de los medios adscritos a Desarrollo Rural con los servicios de bomberos.

La DPZ, que ya trasladó el año pasado esta y otras propuestas a la DGA –sin éxito de momento–, lo planteó claramente en su respuesta al Justicia como forma de optimizar a los peones forestales que contrata la empresa pública Sarga. Y es que explicó que la mayoría de incendios en el monte se apagan en fase de conato con la intervención de bomberos profesionales, mientras que si el fuego es de mayores dimensiones es necesario ya las cuadrillas helitransportadas e incluso la UME.

Por ello, propuso dividir al personal de Sarga en tres grupos: uno que se dedique al mantenimiento de montes durante todo el año; otro para dotar a las cuadrillas helitransportadas; y un tercero de bomberos auxiliares –actuales cuadrillas terrestres– "que pasarían a realizar su trabajo en los servicios de bomberos".

También la DPH se mostró favorable a esta medida señalando que "los mecanismos de colaboración con la empresa pública responsable de la prevención y extinción de incendios forestales son deseables a fin de que los recursos públicos sean utilizados del modo más eficiente posible".

Conflicto de competencias

Por otra parte, el Justicia toma partido en el conflicto de competencias que tienen abierto desde hace más de dos años el Gobierno de Aragón y la Diputación de Huesca –que sigue pendiente de resolución en los tribunales– e insta también al Ejecutivo autonómico a promover la constitución de una organización en materia de prevención, extinción de incendios y salvamento para los municipios de menos de 20.000 habitantes que no lo presten, lo que conllevaría crear un cuerpo de bomberos autonómico. Con todo, también deja claro que lo "razonable" sería que tanto la Administración autonómica como los ayuntamientos y comarcas acordaran un modelo de financiación "solidario".

La DPH defiende que debe ser el Gobierno de Aragón el que "de inmediato implante su organización propia y cumplir así con la atribución competencial que en esta materia le han conferido las Cortes de Aragón, sin que sea lógico pensar que esta Diputación deba crear ex novo un servicio de extinción de incendios". Pese a todo, también deja claro que está dispuesta a "colaborar con apoyo económico" para que la DGA cree una organización propia "que garantice la prestación de esta servicio en todo Aragón".

Por último, el Justicia también aborda la polémica de los bomberos voluntarios y, a este respecto, apuesta por desarrollar legalmente su organización y funciones "de manera que puedan complementar las funciones que, con carácter principal, desarrolle el personal operativo profesional".