La única víctima del atentado con una bomba en la Basílica del Pilar, producido el 2 de octubre de 2013, sufre un calvario desde aquel día. Si María García Simón ya tuvo que pleitear con el Ministerio del Interior para que la reconocieran como víctima de terrorismo, tres años y medio después del atentado todavía no ha recibido la indemnización de 22.775 euros que le reconoció el Tribunal Supremo.

A esta mujer la explosión de la bomba colocada por dos anarquistas chilenos le cogió en el templo, donde había ido a rezar a la capilla de San Juan Tadeo, para conseguir un trabajo en una entrevista a la que iba a asistir.

"Vivo una odisea desde entonces, con la salud y el trabajo. Ni me han pagado la indemnización ni la ayuda que dan a las víctimas de terrorismo para asistencia médica", lamentó Marta García, quien ha conseguido un trabajo desde enero en una gasolinera fuera de Zaragoza.

La indemnización fue reconocida por el Tribunal Supremo en la sentencia dictada en diciembre de 2016, y hubo una resolución positiva del Ministerio del Interior hace más de dos meses, según su abogado Guillermo Royo.

"Pregunté a la Asociación de Víctimas de Terrorismo si podían ayudarme con Interior, pero no podían hacer nada", indicó la víctima. La explosión le provocó una otalgia con sangrado en el oído izquierdo; con perforación del tímpano y sangrado en el conducto auditivo derecho; contracturas en las mandíbulas; un cuadro ansioso y lesiones que tardaron en estabilizarse 101 días. Incluye como secuelas trastornos por el estrés postraumático y el déficit de agudeza auditiva.

La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional determinó que María García era una víctima de terrorismo y el Ministerio del Interior tuvo que rehacer su informe médico evaluador sobre las lesiones que sufrió.

La sentencia señaló que era inadecuado al ordenamiento jurídico no reconocerla como víctima de terrorismo, tal como hizo la Dirección General de Apoyo a Víctimas de Terrorismo, y ordenó la retroacción de las actuaciones para que Interior emita un nuevo informe médico evaluador. Así, el fallo supuso que el ministerio tuvo que efectuar una valoración de las lesiones físicas y psíquicas, la incapacidad temporal y la incapacidad permanente no invalidante y los gastos sanitarios soportados.

En estos últimos meses, las penurias que está viviendo la víctima han coincidido con el envío el pasado mes de enero a los dos anarquistas chilenos, Francisco Javier Solar y Mónica Caballero, a Chile para cumplir la sentencia del Tribunal Supremo, que rebajó la pena de 12 a cuatro años de pena. Llevaban más de la mitad en prisión en España.

El Consorcio de Seguros

Asimismo, el Consorcio de Compensación de Seguros abonó al Cabildo Metropolitano de Zaragoza 188.794 euros por los daños ocasionados por la bomba del Pilar en el atentado del 2 de octubre de 2013. Esta cantidad superaba en 45.000 euros la suma que el Tribunal Supremo fijó como indemnización al Cabildo Metropolitano, al rebajarlo hasta los 143.317,8 euros. El Supremo revisó a la baja la cantidad al no quedar probado que los bienes dañados tuvieran un valor histórico, artístico y cultural.