El consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, defendió ayer en las Cortes que el impuesto de Sucesiones es "justo" aunque pueda mejorarse y defendió una cuota mínima en toda España, mientras que los grupos de centroderecha, PP, PAR y Ciudadanos, reclamaron su eliminación. Con el respaldo del resto de la izquierda, Gimeno sostuvo que es un impuesto redistributivo que afecta a los que más tienen y de cuyo pago están exentos el 90% de los aragoneses pese a reducir la bonificación aplicada en 2015 por el Gobierno de Rudi.

En una intensa comparecencia monográfica en las Cortes a solicitud del PP, Gimeno relativizó el impacto del tributo de Sucesiones con el argumento de que pese a la subida fiscal de la coalición PSOE-CHA recaudó el año pasado 149 millones, 43 menos de los que llegó a ingresar el PP-PAR en 2013 y 2014, un año antes de ampliar las bonificaciones en año electoral y que provocó, a su juicio, que la recaudación se redujera en 2015 a 136 millones. Con estos datos, defendió que precisamente los partidos que piden su supresión batieron"el récord" de ingresos por Sucesiones en Aragón.

Eso sí, Gimeno admitió que la subida fiscal ha provocado que la Comunidad lidere ahora la recaudación en España, solo superada por Madrid, aunque al mismo tiempo apuntó que es la séptima autonomía en presión fiscal si se tiene en cuenta la cesta de impuestos sobre los que tienen capacidad normativa."No hagamos tanta demagogia porque esa es la realidad fiscal", dijo.

Sus explicaciones no convencieron al diputado popular Antonio Suárez, quien resaltó que su partido defiende la supresión del impuesto y que si no lo hizo es por la crisis. "Es injusto, confiscatorio, penaliza el ahorro y la inversión", sentenció.

Suárez negó que no afecte al común de los aragoneses, para lo que recordó la creación de una plataforma, Stop Sucesiones, de la que una representación siguió el debate desde la tribuna de público.

La diputada Elena Allué (PAR) habló de"sablazo" del Gobierno a los ciudadanos y Javier Martínez (C’s) subrayó que Aragón es una de las autonomías que"más aprieta" por este impuesto.

Mientras, Héctor Vicente (Podemos) acusó a la derecha de generar un"problema ficticio" con un tributo redistributivo que"apunta a los bolsillos de quien más tiene". En la misma tesis insistió Gregorio Briz (CHA), quien reivindicó que se pague lo mismo en todas las autonomías.