Lo tiene todo planeado, incluso los argumentos en caso de que su estrategia se tuerza. La hoja de ruta para la independencia de Cataluña, el denominado Libro Blanco de la Transición Nacional promovido en su día por la Generalitat, recoge con todo lujo de detalles cuál sería el camino a seguir para asegurarse el abastecimiento de agua en un hipotético Estado catalán. Y para garantizarlo, considera irrenunciable que su Gobierno se arrogue la gestión de los embalses "y los ríos catalanes de la cuenca del Ebro".

Este es su objetivo principal en una materia, la política hidráulica, que se situaría "en el capítulo de prioridades del nuevo Estado catalán", advierte el Consejo Asesor para la Transición Nacional, órgano creado en 2013 por la Generalitat y encargado de elaborar el citado documento de referencia para el proceso secesionista, que se publicó en 2014.

En el apartado dedicado a los riesgos extrínsecos que pueden afectar al abastecimiento en territorio catalán, reconocen que se vería condicionado si durante el proceso el Gobierno central adoptara una actitud "beligerante o poco colaboradora", que condicionaría el suministro en lo que el órgano asesor independentista denomina "cuencas catalanas intercomunitarias", entre las que se encontraría la parte catalana del Ebro.

Pedir amparo a Europa

Allí, asumen que la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) tiene las competencias en la regulación, concesión y desembalses de caudales, además de disponer de "instrumentos para limitar de facto el abastecimiento". En caso de una explotación "inadecuada" para sus intereses de los pantanos de la cuenca situados fuera de Cataluña, admiten que los recursos disponibles para su población "podrían ser insuficientes o no los necesarios en cada momento".

Pero de cualquier forma, consideran que el riesgo de que esto ocurra es "altamente improbable" e incluso "remoto". Aluden a que tanto el derecho europeo como el internacional reconocen el acceso al agua potable como un derecho humano esencial, por lo que un escenario de "beligerancia" podría acarrear a España, a su juicio, una responsabilidad ante las instituciones comunitarias e internacionales.

Para garantizar el "pleno control de los recursos hídricos de Cataluña", según el plan urdido por los secesionistas, el Govern se encargaría de establecer "un acuerdo internacional" para la gestión y los usos del Ebro, en la línea, explican, de otros ya existentes sobre cuencas compartidas.

En este sentido, se fijan especialmente en los convenios suscritos este España y Portugal, que determinan unos volúmenes de agua a desembalsar desde España trimestralmente. Pero advierten de que estos plazos "no serían buenos" para sus intereses, ya que en el caso del Ebro puede haber una fuerte irregularidad en los desembalses, en función de las necesidades derivadas de la demanda eléctrica. Ante ello, los ideólogos de esta estrategia abogan por "blindar" un régimen de caudales ambientales para el tramo bajo del Ebro.

Pero sobre todo, destacan la importancia de que la hipotética negociación fuera de carácter "internacional", lo que en su opinión, "otorgaría, sin duda, más fuerza a Cataluña".

El informe del órgano asesor también se plantea qué hacer si Madrid no cede a sus ambiciones. La clave está en la gestión de los embalses del sistema Mequinenza-Ribarroja-Flix y si esta es contraria a los intereses de Cataluña, asumen que habría problemas en los caudales ambientales del tramo final del Ebro y, lo que es más grave, en el abastecimiento de las poblaciones que dependen de él, incluida el área que se surte del minitrasvase de Tarragona. Ante ello, proponen una batería de medidas: desde pedir amparo a la UE hasta buscar alternativas de suministro "donde sea posible", y ello pasa por aprovechar aguas subterráneas o bombear agua a canales de riego.