El Gobierno de Aragón va a ser corresponsable en el reparto de las ayudas que reciben las organizaciones sociales a cuenta del 0,7% del IRPF. Gobierno central y Comunidades cerraron ayer un acuerdo para impulsar "un modelo mixto" en el reparto de estos fondos, de los que se benefician más de 7 millones de personas. El Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales todavía no ha hecho público cuánto dinero le corresponderá gestionar a la DGA ni al resto de autonomías, aunque todo apunta a que será una cifra muy relevante.

La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, trasladó su satisfacción por el pacto y destacó que los gobiernos autonómicos han actuado "demostrando responsabilidad y voluntad de acuerdo, pese a que el Gobierno ha sido desleal". La critica que lanzó Broto aludía a que el Gobierno central habría preparado el decreto que va a regular el nuevo reparto de ayudas pactando con las ONGs, pero sin contar con las Comunidades. Esto supuso que la reunión de ayer se atascase durante varias horas, aunque –según indicaron las autonomías– finalmente aceptaron el acuerdo para facilitar que las ayudas sociales que deben repartirse este 2017 lleguen en plazo. El Gobierno destacó que ese acuerdo se consiguió por unanimidad, con el voto a favor también de los representantes de Cataluña y Valencia (en ese caso, su vicepresidenta Mónica Oltra), que se habían mostrado inicialmente especialmente críticos.

Un acuerdo en dos fases

El acuerdo es un compromiso de urgencia para este año en el que se deja pendiente de perfilar cómo será el reparto de los fondos a partir de 2018. En lo que afecta a este 2017, el dinero que se repartirá por la casilla social del 0,7% del IRPF se dividirá en dos tramos diferentes. El primero seguirá dependiendo del Estado y funcionará de forma similar a ejercicios anteriores. El segundo tramo será ya competencia de cada autonomía.

La ministra, Dolors Montserrat, explicó que en los próximos días celebrará una reunión para definir cómo se llevará a cabo este primer reparto de ayudas. La ministra lanzó "un mensaje de tranquilidad" al Tercer Sector y se mostró "segura" de que habrá un acuerdo. En cuanto a 2018, Gobierno central y Comunidades pactaron en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia crear un grupo de trabajo para establecer el nuevo mecanismo que deberá implantarse para los siguientes años.

El cambio en el modelo no se produce por una cesión voluntaria del Gobierno central a las autonomías sino que es consecuencia de una sentencia del Tribunal Constitucional. Tras un recurso de la Generalitat de Cataluña, el Alto Tribunal ha establecido el derecho de las autonomías a gestionar parte del reparto de estos fondos.

Montserrat destacó que estos fondos sociales del 0,7% del IRPF se pueden repartir gracias a la "solidaridad anónima" de los contribuyentes.