Despliega el menú
Aragón

Aragón tendrá una ley de memoria democrática "valiente y ambiciosa"

El anteproyecto complementa la ley estatal de 2007 y se va a someter a un "amplio" proceso de participación ciudadana durante dos meses.

Mayte Pérez, Vicente Guillén y José Luis Soro
Aragón tendrá una ley de memoria democrática "valiente y ambiciosa"
DGA

El Consejo de Gobierno ha conocido este martes el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática de Aragón, que se pretende que esté aprobada antes de que acabe el año y que bajo los principios de "verdad, reparación y justicia" aborda de manera "serena, valiente y ambiciosa" el "pasado traumático" de la comunidad.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del gobierno, los consejeros de Presidencia, Vertebración Territorial y Educación y Cultura (Vicente Guillén, José Luis Soro y Mayte Pérez) han dado detalles del contenido de este proyecto, que complementa la ley estatal de 2007 y va "más allá" al desarrollar aspectos que no incluye esta norma.

Coordinado por el Departamento de Presidencia, pero con una vocación claramente interdepartamental, el anteproyecto se va a someter ahora a un "amplio" proceso de participación ciudadana durante dos meses, con la intención de que pueda ser enviada a las Cortes de Aragón para su tramitación parlamentaria antes del verano, ha dicho Guillén.

"Construir la Memoria Democrática a partir del recuerdo de ese pasado es el modo más firme de alimentar nuestra democracia de los principios éticos y morales que la fortalecerán frente a los discursos de la exclusión y la intolerancia, en definitiva de asegurar nuestro futuro de convivencia y paz", reza la exposición de motivos del anteproyecto.

Tres décadas después del nacimiento de Aragón como autonomía, entre la sociedad se ha asentado una cultura democrática "lo suficientemente tolerante y abierta" como para abordar de manera "serena" la relación de la comunidad con el "pasado traumático" que supuso el golpe de estado, la Guerra Civil y la Dictadura, ha dicho Soro.

En Aragón, además, hay "peculiaridades" que justifican la promulgación de una ley propia (que por otro lado responde a uno de los puntos del acuerdo de gobierno entre PSOE y CHA), en tanto en cuanto fue un "caso singular" en el desarrollo de la contienda, porque el territorio "quedó partido en dos" y la guerra causó "un dolor más fuerte y extenso", ha agregado.

En cuanto al contenido del anteproyecto, se aborda la identificación de las víctimas, condición que se extiende a los desaparecidos, los condenados por tribunales ilegítimos, los privados de libertad, los exiliados, los confinados en campos de concentración, miembros de colectivos, sindicatos y partidos políticos que sufrieron persecución y, por primera vez, los bebés robados, así como los familiares directos de todos ellos.

Se les reconocen cuatro derechos: a conocer, a la justicia, al reconocimiento y la reparación moral y a que estos hechos no se repitan.

Y para lograrlos, el anteproyecto obliga al Gobierno de Aragón a elaborar un censo de desaparecidos, a ampliar el mapa de fosas y a realizar un protocolo específico de exhumaciones con la recogida de muestras de ADN de las víctimas y de sus familiares para lograr su identificación.

Además, se establece la prohibición de exhibir símbolos y elementos contrarios a la Memoria Democrática o que ensalcen el golpe de Estado o la Dictadura de Francisco Franco y los actos de exaltación que menoscaben la dignidad de las víctimas o sus familiares. En este apartado se incluyen placas, escudos, insignias y nombres de vías en edificios públicos, o privados en la vía pública.

Al contrario de lo que sucede con la ley estatal, se fija un régimen sancionador para quien incumpla los preceptos de la ley, que alcanza también a las administraciones locales, que no tendrán derecho a subvenciones o ayudas públicas si no cumplen con la obligación de retirar los símbolos franquistas de sus calles. "Es una ley para pasar página y cerrar heridas, pero solo podremos hacerlo cuando la hayamos escrito y después de haberlas curado", ha concluido Soro.

La obligación de reparación, ha precisado por su parte Guillén, es "moral y jurídica", aunque se preverán las partidas presupuestarias necesarias para asumir las obligaciones que marcará la ley, mientras que el "resarcimiento económico", ha agregado, debería llegar del Gobierno de España, que en los últimos cinco años ha dedicado a la Memoria Democrática "cero euros".

Además, el anteproyecto hace hincapié en la necesidad de tomar medidas para conocer la historia y no volver a cometer los mismos errores, ha explicado Mayte Pérez.

Así, permite la revisión del currículum educativo, en cuarto de la ESO y segundo de Bachillerato, para aportar a los jóvenes una base con "información veraz y actualizada" sobre este periodo histórico.

También se prevé la formación de los profesores e implementar actividades extraescolares que profundicen en el "respeto y la convivencia". Finalmente, respecto al patrimonio, la ley reconocerá los lugares de la Memoria Democrática con figuras de protección y obligará a realizar itinerarios y rutas para difundirlo, protegerlo e investigarlo.

Etiquetas
Comentarios