El Instituto Aragonés del Agua se extinguirá este año para que la gestión sea "más transparente"

El Gobierno de Javier Lambán quiere que el Instituto Aragonés del Agua sea historia antes de que acabe este año. Aunque el proceso va a ser mucho más largo de lo inicialmente previsto por el consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Joaquín Olona, la integración de este ente público en su departamento como dirección general ya está sobre el papel. El Consejo de Gobierno dio ayer el primer paso al tomar en conocimiento el anteproyecto de la ley de reorganización de competencias administrativas en materia de aguas, que no tiene otro objetivo que regular el traspaso tanto de competencias como de medios materiales y personales para hacer que la gestión sea "más transparente y eficaz" que hasta ahora.

Esta medida, que Olona anunció hace ya un año en las Cortes y que inicialmente se pretendía materializar a lo largo de 2016, pretende recuperar la "garantía de rigor y transparencia" en la gestión, incluido su sometimiento al control de los servicios de Intervención de la DGA. Esta fiscalización de sus actuaciones es, según reconoció el consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno, Vicente Guillén, "la causa fundamental" de la eliminación del Instituto, creado en 2001 y que hasta la pasada legislatura controlaba el PAR.

Guillén afirmó que el país ha vivido una etapa en la que se creaban organismos "que podían soslayar el derecho administrativo" y ahora toca "que se vuelvan a someter a los criterios de legalidad" para dar "más seguridad jurídica" a todas sus actuaciones.

El consejero reconoció que la gestión del agua en la Comunidad arrastra "muchos problemas" como el fiasco de los planes de depuración, que recientemente evidenció la Cámara de Cuentas en un informe en el que se constataron los reiterados sobrecostes e incumplimientos en las obras proyectadas, muchas de ellas, sobre todo en el Pirineo, todavía sin ejecutar.

Para Vicente Guillén, la reorganización de las competencias permitirá "ir solventando" algunas de las deficiencias detectadas en el funcionamiento del Instituto, que actualmente también tiene encomendada la recaudación del polémico Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA), aunque es una empresa externa la que se encarga de girar los recibos.

¿Cómo se integrará el personal?

Uno de los principales escollos para llevar a buen puerto esta "apuesta firme por la gestión pública, transparente e integrada con el resto de políticas sectoriales" es, según reconoció hace meses Olona, el futuro de la plantilla de esta entidad de derecho público, formada en la actualidad por 44 empleados, de los que 7 son funcionarios y 37 personal laboral. Según se recoge en el anteproyecto de ley, aquellos que tengan un contrato laboral fijo perteneciente al IAA pasarán a integrarse en la Administración autonómica manteniendo el mismo régimen jurídico y sin que por ello adquieran la condición de funcionarios públicos. Por lo que respecta al personal funcionario y laboral de la DGA que presta sus servicios en el IAA, se adscribirá con la misma condición en la Administración de la Comunidad. Es una fórmula similar a la que se usó para integrar a la plantilla del extinto Casar (Consorcio Aragonés Sanitario de Alta Resolución).

Precisamente ayer tuvo lugar el primer contacto con los sindicatos para abordar esta compleja cuestión, que genera dudas y recelos entre los sindicatos. De hecho, Comisiones Obreras ya ha pedido informes jurídicos para aclarar determinados aspectos.

A la espera de ver cómo se desarrolla la negociación, Vicente Guillén abogó por buscar "el mayor acuerdo posible" y se mostró confiado en que los contactos con los representantes de los trabajadores de Función Pública darán frutos y este tema no se convertirá en un obstáculo insalvable para materializar los planes del Ejecutivo PSOE-CHA.