No están dispuestos a consentir ningún trasvase, ni siquiera para abastecer de agua de boca a pueblos catalanes. La CUP, que sustenta el Gobierno de Carles Puigdemont, le acaba de dejar clara su oposición frontal a que el agua del Segre –afluente del Ebro– sirva para mejorar el suministro de 31 municipios a través del canal Segarra-Garrigues, como pretende la Generalitat. Denuncian que la intención no es otra que "acabar llevando el agua del Segre a las cuencas internas de Cataluña y, por tanto, a Barcelona, por la puerta de atrás" y reclaman buscar otras alternativas.

El Gobierno de Puigdemont vendió el acuerdo con los pueblos como "un gran proyecto de país para garantizar un bien básico" como es el agua, pero ni aun así parece haber convencido en absoluto a los aliados que le apremian a convocar el referéndum independentista.

Desde que hace un mes se anunció el desbloqueo del proyecto, que ahora se pretende desarrollar a toda prisa –la Generalitat prevé terminar las obras en 2019–, Aragón ha mostrado su rechazo frontal a este plan, que incluye a cuatro municipios con parte de su territorio en las cuencas internas catalanas, por lo que la DGA considera que se trata de un trasvase en toda regla.

Además, teme que esta iniciativa, que incluye la construcción de 122 kilómetros de tuberías con un presupuesto de 21 millones de euros, solo sea el primer paso para un futuro trasvase al área metropolitana de Barcelona. El Ejecutivo de Javier Lambán basa sus recelos en que el plan hidrológico de las cuencas internas de Cataluña para el periodo 2016-2021 –recientemente aprobado en el Consejo Nacional de Agua con el voto en contra de la DGA– advierte de un creciente déficit hídrico del sistema que abastece a la Ciudad Condal y que prevé paliar con "aportaciones externas" que no concreta. Y según el Gobierno PSOE-CHA, todo apunta a que provendrían de la cuenca del Ebro.

También lo cree así la CUP, que hace suyas las tesis de la Plataforma en Defensa del Ebro y ha publicado un manifiesto en el que advierte de que "una de las finalidades del canal Segarra-Garrigues es trasvasar agua a las cuencas internas, copiando el modelo de trasvase a Tarragona". Y recuerda que distintos gobiernos autonómicos, entre ellos el tripartito de los socialistas con ERC e ICV en 2008, ya intentaron en su día llevar caudales de la cuenca del Ebro a Barcelona.

Los antisistema exigen al Ejecutivo de Puigdemont que descarte el proyecto que impulsa y en su lugar empiece a trabajar para solucionar los problemas de algunos pueblos con los acuíferos de los que se suministran, que califican de "puntuales". Estas incidencias, afirman, "en ningún caso" pueden "justificar la interconexión de redes desde el Segre ni desde el trasvase de Tarragona".

"Usan a los pueblos"

La CUP, que reafirma su compromiso con los principios de la denominada nueva cultura del agua, subraya que el canal Segarra-Garrigues está "sobredimensionado para las hectáreas de regadío que se prevén implantar", además de recordar que tuvo una desviación de más del 81% respecto al presupuesto inicial y que está denunciado ante la Fiscalía de Medio Ambiente. La Plataforma en Defensa del Ebro acaba de reclamar una auditoría económica y ambiental de esta infraestructura faraónica. "Ha sido un fracaso y ahora buscan la complicidad de unos pueblos con problemas de agua para blindar el trasvase", reprocha Manuel Tomás, portavoz del colectivo , con el que en este caso la DGA comparte posicionamiento, a diferencia de la reivindicación histórica de la Plataforma para dotar de más caudales al delta.

La diputada de la CUP Mireia Boya ya pidió explicaciones hace dos semanas a Puigdemont en el pleno del Parlamento catalán, y este tuvo que reconocer que llevar agua del Segre a pueblos fuera de la cuenca del Ebro es "un trasvase", si bien negó que el objetivo final fuera abastecer a Barcelona. Ante ello, Boya le avisó de que su grupo rechaza cualquier trasvase "impuesto por el Estado español o por la Generalitat".

Este periódico intentó ayer sin éxito conocer hasta dónde piensa llegar la CUP en su "no al trasvase" y si podría tener consecuencias en la ya de por sí tensa relación que mantiene con el Gobierno de Puigdemont. El Ejecutivo catalán también eludió expresar si esta discrepancia con los socios que le garantizan la mayoría parlamentaria influirá en su decisión de acometer el proyecto de trasvase a municipios del interior de la Comunidad.