Trece meses han tenido que pasar para que se ponga fecha a la primera sesión de debate del proyecto de Ley de Renta Social Básica en las Cortes de Aragón, una de las medidas estrella con las que en julio de 2015 llegó al Pignatelli el socialista Javier Lambán. Con ella se pretende sustituir las actuales prestaciones del Ingreso Aragonés de Inserción (IAI) y las Ayudas de Integración Familiar. El Gobierno PSOE-CHA remitió el texto a la Cámara a finales de febrero de 2016 y, según se acordó ayer, las 294 enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios se empezarán a analizar previsiblemente el próximo 5 de abril, aunque la fecha ni siquiera es definitiva aún.

Después de meses de espera –y de críticas de la oposición por el bloqueo de una medida tan sensible–, el inicio de la tramitación de los presupuestos, sumado al resto de la actividad programada, hace difícil encontrar huecos en las agendas de las representantes de los grupos parlamentarios en la ponencia que debe estudiar el proyecto legislativo, como reconoció ayer su coordinadora, la socialista Pilimar Zamora. Por ello, acordaron solicitar que se mueva la comisión de Ciudadanía y Derechos Sociales que debía celebrarse el próximo miércoles para poderse reunir esa mañana. Si finalmente no es posible el cambio, la intención es buscar otro momento en esa misma semana. Para las siguientes citas de la ponencia también habrá que "hacer esfuerzos para cuadrar todas las agendas", asumió Zamora.

La propia consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, apremió a los diputados el pasado viernes a agilizar la tramitación para que la renta social básica sea una realidad cuanto antes, aunque una vez que se apruebe todavía habrá un margen de seis meses hasta su entrada en vigor.

Precisamente este viernes Broto será interpelada en el pleno de las Cortes por la diputada del PAR Elena Allué, que preguntará por los planes del Gobierno al respecto, ya que, después de insistir en la necesidad de poner en marcha esta medida, "poco se ha avanzado en su puesta en funcionamiento", considera la aragonesista.

De hecho, Allué achacó la convocatoria ayer de la ponencia a su petición de explicaciones. "Han metido la reunión con calzador y siguen jugando con la emergencia social", criticó.

Porque si no hay fecha para comenzar el debate, mucho menos se puede hacer una estimación de cuándo podría aprobarse definitivamente una ley que estaba llamada a ser una de las primeras de la legislatura, y que no verá la luz hasta pasado el ecuador de la misma, que se alcanzará este verano. Al margen del calendario, el objetivo, en todo caso, es "alcanzar el mayor consenso posible acercando posturas para lograr el mejor texto que se pueda", manifestó la coordinadora de los trabajos.

Puntos de partida alejados

Pero no parece fácil lograr un acuerdo porque los planteamientos de partida están muy alejadas, como ya se ha podido ver a la hora de fijar las posiciones. A este respecto, la representante del PP en la ponencia, Ana Marín, recordó que su grupo aboga por "potenciar los procesos de inclusión social" y no centrarse solo en las prestaciones. Desirée Pescador, de Ciudadanos, auguró que las diferencias expresadas por los grupos, unidas al complicado calendario de los próximos meses, hará que la ley no se pueda aprobar "por lo menos hasta finales del año".

Para 2017 la DGA ha previsto destinar al IAI y la renta básica 46,5 millones, una cantidad similar a la dedicada el pasado año al salario social.