La obra que la Generalitat de Cataluña quiere utilizar para ejecutar un trasvase del Ebro a municipios de sus cuencas internas ha aparecido relacionada con la trama de corrupción del 3%. Uno de los ex altos cargos de la Generalitat que participaron en su licitación, Josep Antoni Rosell, fue detenido en 2015 por su presunta relación con el cobro de comisiones por la adjudicación de obra pública.

Además, según informó ‘La Vanguardia’, un colaborador suyo entregó a la Guardia Civil unos maletines que –aseguró– le custodiaba y que tenían información oculta sobre la obra que prevé utilizar la Generalitat para el trasvase, el canal Segarra-Garrigues. En uno de esos maletines también aparecieron 85.000 euros en metálico. Se da la circunstancia añadida de que este político catalán que participó en el proceso de adjudicación fue después un alto directivo del consorcio elegido para ejecutar las obras.

El papel de Rosell no es precisamente la única sombra del canal Segarra-Garrigues. Según ha reconocido la propia Generalitat de Cataluña, la obra está teniendo un sobrecoste de más del 80%. Hay que tener en cuenta que ya se adjudicó por más de 1.000 millones de euros. El sobrecoste la ha convertido en la segunda infraestructura más cara que ha impulsado la Generalitat de Cataluña en su historia.

Además de Rosell, también hay otros dirigentes políticos y empresarios vinculados a esta obra pública que han sido imputados por las tramas de corrupción que salpican a la Comunidad vecina. En concreto, las sospechas se centran en el presunto pago de comisiones por adjudicaciones a la antigua Convergencia Democrática de Cataluña.

El consejero aragonés de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Joaquín Olona, ha hecho alusión en los últimos días a la polémica que envuelve a esta faraónica infraestructura. A juicio de la DGA, además de abrir la puerta a un hipotético trasvase del Ebro al área metropolitana de Barcelona, el plan hidrológico de las cuencas internas catalanas aprobado la pasada semana con el voto en contra de Aragón tiene una "finalidad adicional".

El proyecto "está fracasando"

Según trasladó, esta finalidad no sería otra que la de "buscar nuevos usos y usuarios con los que hacer frente a las graves dificultades" del proyecto, que "está fracasando" debido a la escasa adhesión de regantes por los elevados costes del sistema concesional, y que además "se ha visto envuelto en escándalos de presunta corrupción", subrayó Olona. En este sentido, recordó que en octubre de 2015 se llegaron a practicar detenciones policiales por presuntos pagos de comisiones para financiar a CDC. "No se sabe cuántos miles de millones se han invertido", afirmó el consejero.