Ni es real ni va a dar tiempo de ejecutarlo. Los grupos parlamentarios del PP, PAR y Ciudadanos coincidieron ayer en sus principales críticas al proyecto de ley de Presupuestos para este año, aprobado por el Gobierno de Aragón finalmente el jueves, tras meses de bloqueo por la falta de apoyos. La demora también preocupa a Podemos e IU, que exigieron al Ejecutivo de Javier Lambán garantías de que se cumplirán los compromisos adquiridos.

El portavoz popular de Hacienda, Antonio Suárez, habló directamente de "engaño" porque pese a la previsión de aumentar la inversión en 27 millones, recordó, el Gobierno "no lo va a poder ejecutar en lo que queda de año y lo sabe", por lo que auguró que "muchas infraestructuras" proyectadas no se llegarán a materializar en este ejercicio.

Suárez también acusó a Lambán de "enfrentar a unos aragoneses con otros" y puso como ejemplo la enseñanza concertada, uno de los asuntos clave en el pacto entre PSOE y Podemos para desbloquear la negociación presupuestaria, ya que la formación morada exige el cierre de aulas concertadas para salvaguardar "hasta 28" clases en la escuela pública. Y afirmó que falta apoyo a la generación de empleo y las partidas sociales están "muy ajustadas".

El popular volvió a censurar también la "sangría" que supone el pago de algunos impuestos tras la subida fiscal de 2016, así como que se cuente con 105 millones de ingresos procedentes del Estado que no llegarán si el Gobierno central no logra aprobar sus presupuestos. Además, Suárez alertó de la "opacidad" con la que a su juicio pretende actuar el consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, al no incluir en el proyecto de ley la obligación de votar en las Cortes todos los cambios superiores a 500.000 euros. Podemos y Ciudadanos, que en 2016 promovieron esta medida, ya anunciaron que volverán a plantearla en sus enmiendas.

Pensado para 2018

La diputada del PAR Elena Allué coincidió en que "sigue siendo un presupuesto irreal con parecidos agujeros" al de 2016. Y teniendo en cuenta que no se aprobará hasta mayo y que el año pasado el Ministerio de Hacienda ordenó el cierre contable en agosto, consideró "evidente" que no se podrán acometer las infraestructuras ni los convenios. "Hay que decirles a los aragoneses la verdad", reclamó, y calificó de "desastre" la actual prórroga.

Para Javier Martínez, de Ciudadanos, el proyecto de ley está "entre ‘Alicia en el país de las maravillas’ y ‘Los mundos de Yupi’". Agregó que es "un auténtico espejismo impropio de un gobierno serio", ya que contiene "ingresos maquillados, promesas incumplibles, cifras falsas y partidas infradotadas". Incluso insinuó que Lambán podría estar pensando en una prórroga de este presupuesto para 2018 "para eliminar su dependencia de Podemos, que quiere acabar con él". Y advirtió a la formación morada de que "no puede escurrir el bulto" porque es "cómplice de este desaguisado".

Pero el diputado podemista Héctor Vicente lo dejó claro: "No es nuestro presupuesto". Alertó de que faltan 240 millones en el Salud respecto a lo que se gastó en 2016, por lo que coincidió con los grupos de centroderecha en que "no es real". No obstante, el líder de Podemos en Aragón, Pablo Echenique, se mostró "moderadamente satisfecho" porque tras las "duras" negociaciones con el PSOE, han conseguido introducir "cosas buenas" en el documento, que cuantificó en 103 millones de euros, si bien casi la mitad de esa cantidad ya estaba contemplado por el Gobierno, como los colegios y hospitales.

Además, Echenique enfatizó que han obtenido "mayores garantías" para su ejecución, y eludió asumir responsabilidades por la demora de la tramitación. Solo admitió que podrían haber "hecho mejor alguna cosa", pero achacó los "168 días de incumplimiento del Estatuto" a que Lambán estaba "avergonzado" después de que el PSOE posibilitara la investidura de Rajoy.

Por su parte, Patricia Luquin, de IU, asumió que son "los mejores presupuestos posibles en estas circunstancias", y echó en falta más fondos para creación de empleo, diversificación de la economía o víctimas de la violencia de género. Lamentó que no se hubiera negociado en la mesa con los cuatro partidos de izquierdas y ante el retraso en la tramitación, exigió "un compromiso de ejecución".

Mientras, los portavoces de los grupos que sustentan en Gobierno, Javier Sada (PSOE) y Gregorio Briz (CHA), ensalzaron un proyecto económico "justo, social y que atiende las necesidades de los aragoneses".