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Esco y Becerril intentan evitar ante un Jurado su segunda condena por corrupción en Plaza

El exviceconsejero de la DGA y el exgerente de la plataforma son juzgados a partir de hoy por el caso Kartódromo. La Fiscalía pide para ellos penas de 10 años de prisión por el presunto cobro de una comisión ilícita de 661.100 euros.

La operación.Un histórico circuito por el que se pagaron 6,3 millones de euros en 2004. Las 3,3 hectáreas que ocupaba el kartódromo son hoy los accesos a la Plataforma Logística de Zaragoza y Plaza Imperial desde la autovía de Madrid. Por el suelo se pagaron 6,3 millones, pero un perito judicial estima que su valor real de mercado eran 2,3 millones.Según las acusaciones, Becerril y Esco cerraron este precio con el vendedor porque le iban a exigir después una comisión ilícita y en efectivo de 661.110 euros.
La operación.Un histórico circuito por el que se pagaron 6,3 millones de euros en 2004. Las 3,3 hectáreas que ocupaba el kartódromo son hoy los accesos a la Plataforma Logística de Zaragoza y Plaza Imperial desde la autovía de Madrid. Por el suelo se paga
Heraldo

Lo han intentado evitar hasta el último momento, pero al exviceconsejero de Obras Públicas de la DGA por el PSOE Carlos Esco y al exgerente de la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza) Ricardo García Becerril no les quedará otro remedio que sentarse hoy ante un Jurado Popular para intentar convencerle de que no se embolsaron una comisión ilícita de 661.110 euros (a repartir a partes iguales) cuando gestionaron la compra del circuito de karts de la autovía de Madrid para construir los accesos al complejo logístico. Porque de eso les acusan la Fiscalía, Plaza y la DGA, que piden para ellos penas de entre 10 y 11 años de cárcel por delitos de malversación y cohecho.

El tercer acusado por esta operación es el vendedor del kartódromo, Santiago Becerril Pastor, quien al confesar el supuesto abono del peaje permitió a la Policía investigar el caso cuando estaba a punto de prescribir. Su colaboración a la hora de esclarecer la operación le ha valido cierto trato de favor de las acusaciones, ya que le atribuyen los mismos delitos pero piden para él una pena inferior: entre año y medio y siete.

Los hechos que han vuelto a llevar al banquillo a Esco y Becerril se remontan a febrero de 2004, cuando el consejo de administración de Plaza aprobó por unanimidad la compra por 6.310.628 euros de la finca de 3,3 hectáreas en la que se ubicaba el kartódromo y el restaurante de la Venta de Los Caballos. Pero no fue hasta casi diez años más tarde cuando el Grupo de Delitos Económicos de la Policía descubrió que Becerril y Esco podrían haberse repartido una comisión ilícita del 10% por aquella operación, algo que ellos siempre han negado. El vendedor, sin embargo, concretó que el exgerente de Plaza le impuso como condición para cerrar el trato que le pagase 661.110 euros en efectivo y en tres plazos. Declaró también que las entregas se hicieron en mano en una cafetería del Coso.

El propietario de los suelos negoció directamente con el entonces gerente de Plaza y nunca con Carlos Esco. Pero los investigadores llegaron a la conclusión de que este último se había embolsado el 50% de aquella mordida porque así lo dejó entrever el dueño del circuito. Al parecer, este preguntó a Becerril para quién era el dinero que le exigía y este le respondió que se lo iban a repartir él y "el delegado, el señor de barbas".

De que el exgerente de Plaza manejaba dinero negro la Policía no tiene duda, ya que le encontraron 415.180 euros en billetes debajo de un colchón durante el registro del apartamento que tenía en Salou. Para apuntalar las sospechas que existían sobre Esco, el Grupo de Delitos Económicos investigó sus compras e inversiones entre los años posteriores al supuesto cobro de la comisión. Ello sacó a la luz que entre 2005 y 2010 el exviceconsejero hizo pagos en metálico por valor de 272.000 euros. Desembolsos que, a su juicio, no tendrían justificación.

El segundo de tres juicios

La Fiscalía y el resto de partes acusan a los encausados de pactar un precio de compra del suelo muy superior al de mercado, causando así un importante daño a las arcas de Plaza. Lo hacen basándose en el informe del perito judicial, que estimó que el valor real de aquellos terrenos no superaría los 2,3 millones. Cálculo que a lo largo de la instrucción han rebatido las defensas, con el argumento de que se ha comparado suelo urbanizable consolidado y sobre el que existían edificaciones con terrenos de monte yermos. Los abogados recuerdan también que, en plena burbuja urbanística, el dueño del kartódromo exigía hasta un millón más del que se pagó.

Las irregularidades detectadas al calor de Plaza han costado ya una condena de cuatro años de cárcel a Ricardo García Becerril y a Carlos Esco, ya que esa fue la pena que les impuso la Audiencia de Zaragoza en febrero de 2016 por el Caso Naves (en el que también se condenó al exdueño del Real Zaragoza, Agapito Iglesias). A los tres encausados, el tribunal les reprochaba "un dispendio inadmisible" de 8,7 millones en la construcción de 119 naves.

Las defensas recurrieron el fallo ante el Tribunal Supremo, entre otras razones, porque consideran que ni sus clientes eran funcionarios ni el dinero de Plaza era público. Y, por tanto, dicen, no cabía condenarles por un delito de malversación. El Alto Tribunal celebró una vista en diciembre para ver los recursos, pero todavía no se ha pronunciado. Los abogados de Esco y Becerril han intentado sin éxito que la Audiencia aplazara el juicio del kartódromo hasta que se conociera la posición del Supremo, porque si este resuelve que el dinero de Plaza no es público tampoco cabría acusarles en esta segunda causa por malversación (y no los juzgaría un Jurado sino un tribunal profesional).

Pero el viacrucis judicial de Esco y Becerril no acaba con este juicio, ya que les espera un tercero, el del llamado caso Plaza, todavía sin fecha, en el que la Fiscalía les pide 23 y 7 años y medio, respectivamente.

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