Broto apuesta por suspender las visitas de los maltratadores a sus hijos menores

La consejera de Derechos Sociales, María Victoria Broto, se mostró ayer partidaria de endurecer la ley contra los maltratadores para evitar que tengan contacto con sus hijos. La socialista abogó por suspender el régimen de visitas a los progenitores que hayan protagonizado casos de violencia de género y por eliminar la posibilidad de que accedan a la custodia compartida. Si se logra la unanimidad en estos asuntos, dijo, se habrá "avanzado mucho".

Broto se expresó en estos términos en una comparecencia ante el pleno de las Cortes solicitada por Podemos para que informara de las medidas adoptadas para garantizar la seguridad y protección de las víctimas de esta lacra cuando acuden a los puntos de encuentro familiar. Cabe recordar que el pasado mes de julio una mujer de 28 años fue asesinada por su expareja en el centro ubicado en la calle Conde Aranda de Zaragoza, uno de los cinco que hay en Aragón. En 2016 pasaron por alguno de ellos 2.692 personas, entre ellos 1.049 niños de 741 familias.

"No puede ser que tengamos que pedir autorización a un padre violento para dar atención psicológica a su hijo", denunció la consejera en referencia a la obligación de recabar el permiso de ambos progenitores.

María Victoria Broto, que también consideró que "tendría que haber más efectivos policiales", recordó que a raíz del trágico suceso en Zaragoza se han celebrado más de una decena de reuniones institucionales (con la participación de representantes de la DGA, ayuntamientos, cuerpos policiales, TSJA, Fiscalía, colegios de abogados, etc.) para revisar los protocolos de actuación, incluido el de los puntos de encuentro. Cada parte, explicó, ya ha hecho sus aportaciones y se está a la espera de que la Fiscalía dé el visto bueno al documento, y aclaró que hay aspectos que son competencia del Estado.

Broto encontró en el hemiciclo apoyos a sus reivindicaciones. La diputada podemista Amparo Bella coincidió en que la custodia compartida no debe ser la opción preferente cuando hay antecedentes de violencia machista. Exigió "más recursos" y vigilancia ante la "falta de seguridad" de los puntos de encuentro, donde "no hay ni una cámara sencillita".

Carmen Martínez (CHA) coincidió en que los agresores sometidos a medidas judiciales "no deberían tener derecho a visitar a sus hijos" y Patricia Luquin (IU) insistió en la necesidad de modificar la ley para impedir la custodia compartida en estos casos.

Ana Marín (PP) llamó a la "unidad" contra esta lacra, al igual que Elena Allué (PAR), quien cuestionó que el tema de la seguridad se abordara en las Cortes. Por su parte, Desirée Pescador (C’s) se interesó por la posibilidad de que haya presencia policial "continua" en estos centros, que se convierten en "puntos calientes" en los casos de maltrato, afirmó.

Mientras, la directora del Instituto Aragonés de la Mujer, Natalia Salvo, pidió ayer en Madrid que se convoque la Comisión Sectorial de Igualdad, integrada por el Gobierno central y las comunidades, y exigió más fondos estatales.