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Aragón solo tiene el 10% del presupuesto para combatir el lindano hasta 2020

La DGA prepara dos proyectos que presentará este año a Bruselas para pedir cofinanciación y también pretende negociar con el Ministerio, pero no hay fecha.

La hoja de ruta fijada por el Gobierno de Aragón en el plan integral de lucha contra el lindano estima que las actuaciones necesarias para la descontaminación de las áreas afectadas en Sabiñánigo y la cuenca del río Gállego se prolongarán durante casi un cuarto de siglo, hasta 2040, y requerirán una inversión global de 564,84 millones. Se trata de cantidades totalmente inasumibles para el Ejecutivo autonómico, que se ha fijado como objetivo destinar casi 70 millones hasta 2020. Y de momento, la única aportación externa de fondos que hay comprometida son 3,5 millones del Ministerio de Medio Ambiente, además de otros 3,4, es decir, solo un 10%. Ello supone que la DGA tendrá que esforzarse al máximo para captar aportaciones del Gobierno central y de Bruselas, que apenas se han implicado hasta ahora en la solución del que está considerado uno de los mayores problemas ambientales de Europa.

Aragón empezó a dedicar dinero para paliarlo en 1992. Hasta 2015 había destinado 37,9 millones y en el ejercicio con mayor inversión, el de 2014, esta fue de 7,7 millones, coincidiendo con el traslado de 429.000 toneladas de materiales contaminadas del viejo al nuevo vertedero de Bailín, que además originó una grave crisis ambiental y sanitaria por las fugas del pesticida al Gállego. Pero cumplir las previsiones planteadas en la hoja de ruta presentada recientemente exigirá un esfuerzo económico mucho mayor que el hecho hasta ahora, y también redoblar las acciones para captar financiación externa.

Y en ello está el Departamento de Medio Rural y Sostenibilidad, que tiene previsto presentar este año a la Unión Europea dos proyectos para intentar que sean cofinanciados, aunque desde el Gobierno de Aragón no concretaron el importe que reclamará.

Por una parte, este mes está previsto lanzar una candidatura para entrar en el programa H2020, pensado para financiar iniciativas de investigación e innovación (según los casos, pueden recibir el 70% o el 100% de la cuantía solicitada). El proyecto se centraría en la descontaminación del barranco de Bailín, donde este año está previsto que se construya un canal de derivación para llevar las aguas limpias directamente al Gállego y evitar que se contaminen por las escorrentías de la zona. El proyecto elaborado por la Confederación Hidrográfica del Ebro está casi listo y ejecutarlo costará unos 2 millones, que pagará el Ministerio, aunque se habían calculado 3,5.

Esta inversión se incluyó en el protocolo firmado entre la DGA y el Gobierno central a raíz del grave episodio de contaminación de 2014. Es la última obra comprometida, a la espera de que el consejero de Sostenibilidad, Joaquín Olona, negocie con la ministra Isabel García Tejerina nuevos fondos, aunque no hay fecha.

El otro proyecto para el que el Ejecutivo de Javier Lambán reclamará en otoño la colaboración de la UE está centrado en la «descontaminación biológica catalizada» para la antigua fábrica de Inquinosa y el vertedero de Sardas. La idea es solicitar un proyecto Life, como el que ya se ha desarrollado en la zona de Bailín, donde se probó un método de oxidación química de los residuos. El ensayo, según la DGA, fue un éxito.Para este año, el Ejecutivo PSOE-CHA ha incluido en el borrador de presupuestos 4.510.000 euros, pero está por ver si finalmente se aprueban.

Compra pública de innovación

Mientras, la Consejería de Joaquín Olona sigue con los trámites para lanzar un proceso de compra pública de innovación con el que pretende implicar a empresas y centros de investigación, aunque tampoco hay una estimación del presupuesto con el que contará esta iniciativa. De momento, sí están garantizados ya 3,4 millones para continuar hasta 2019 con las labores de depuración y control continuo de las zonas afectadas por el pesticida, que se iniciaron hace dos décadas y seguirán siendo necesarias durante varias más.

El documento recuerda que de los casi 54 millones invertidos contra el lindano de 1992 a 2015, la DGA ha asumido el 70%, el Estado ha puesto un 21% y Europa, solo el 9%.

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