La detención y posterior ingreso en prisión del párroco de Borja, Florencio Garcés, provocaron un revuelo mediático de ámbito nacional a finales de 2013. No era extraño, pues en la bautizada como Operación Espino la Guardia Civil se sostenía que el sacerdote podía haber saqueado hasta 150.000 euros de las cuentas de su parroquia para callar a un clan de extorsionadores que le amenazaban con hacer públicas fotos comprometedoras. A Garcés se le llegó a investigar por abusos sexuales, apropiación indebida, falsedad documental y denuncia falsa. Sin embargo, transcurridos más de tres años, las sospechas que llevaron a una celda al cura y lo obligaron a dejar su parroquia se han desvanecido. De hecho, la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Tarazona, María José Calvo, ha decretado ahora el archivo provisional de la única rama del caso que seguía abierta y en la que investigaba al sacerdote por una presunta denuncia falsa contra un miembro del clan Zapato Veloz.

La juez que heredó la mediática causa –porque fue su antecesora Nieves Pérez quien la abrió y mantuvo en prisión al párroco una semana– advierte en su auto de sobreseimiento de que se encuentra todavía a la espera del informe caligráfico que pidió a la Guardia Civil. Por ello, si cuando llegue el informe de Barcelona se confirmara que el párroco imitó la rúbrica de José Luis Carbonell para denunciarle por estafa, la juez volvería a encausarle.

Este ha sido el último de tres archivos, porque ya se quedaron por el camino los cargos de abuso sexual y apropiación indebida. El primer sobreseimiento se produjo en junio de 2014, cuando no se hallaron pruebas para acusar al religioso de los presuntos abusos sexuales denunciados por un joven chatarrero de Borja. Según la Guardia Civil, este último les contó que el cura le había pagado 30.000 euros a cambio de favores sexuales. Sin embargo, cuando llegó la hora de ratificar la denuncia en el juzgado, la presunta víctima no quiso hacerlo.

Un testigo denunció presiones

Llama la atención que un testigo protegido de la Operación Espino se presentara ante la juez de Tarazona y le contara que la Guardia Civil lo había coaccionado para incriminar a Florencio Garcés. En concreto, para que declarara que sus primos –integrantes del clan Zapato Veloz– tenían unas fotos comprometedoras del párroco en las que aparecía con dos mujeres que le hacían una felación.

Aquellas manifestaciones le costaron al testigo –que luego se identificó como Rafael G. C.– un juicio por calumnias en el que lejos de retractarse insistió en las presiones recibidas. "Me utilizaron y me obligaron a declarar contra el cura, pero no pude soportar aquella mentira", declaró durante la vista.

El juez dio mayor credibilidad a la versión de los agentes, que negaron cualquier coacción, y condenó a Rafael G. C. al pago de una multa de 1.400 euros y a indemnizar con otros 5.000 a cada uno de los cuatro agentes que lo habían denunciado. Sin embargo, la Audiencia Provincial revocó aquella sentencia y lo absolvió. De las supuestas fotografías del cura y las mujeres, tampoco nunca más se supo ni se llegaron a ver.

La juez citó incluso al Vaticano

Archivados los presuntos abusos sexuales, la instructora se centró en encontrar pruebas del delito de apropiación indebida, ya que la Guardia Civil mantenía que Florencio Garcés podía haber distraído 150.000 euros de la parroquia. Pero tampoco pudo encausar al sacerdote por ello, porque, primero el obispo de Tarazona y después el Vaticano le dijeron no sentirse perjudicados por la gestión del sacerdote.

Llegados a este punto, la juez Nieves Pérez acabó archivando también la rama económica del caso. Lo hizo a través de un auto en el que reprochaba a la Fiscalía que retirara los cargos, puesto que ella seguía convencida de que había motivos para encausar al cura. Sin embargo, ni él ni ninguno de los integrantes del clan Zapato Veloz han acabado en el banquillo.