Aragón ajusta los plazos de pago a proveedores, pero aún incumple la ley

Cobrar al día por los servicios prestados es uno de los grandes quebraderos de cabeza para los autónomos. Lo normal es que tanto cuando trabajan para una empresa privada como para un institución pública es percibir la cifra acordada varias fechas más tarde que lo que indica como máximo la Ley de Morosidad, 30 días, si bien es cierto que los plazos se han ido ajustando a lo largo de los últimos años.

El último estudio de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) revela que, en Aragón, solo la Diputación Provincial de Huesca, con 19 días de demora, y la propia capital oscense (28 días) cumplen la ley, demostrando una puntualidad en el abono de las facturas a proveedores muy superior a la media nacional, que en el caso de las administraciones locales llega hasta los 80 días.

La DGA se encuentra ligeramente por encima del conjunto de los órganos de gobierno territorial. La máxima institución de la Comunidad satisfizo en 2016 sus obligaciones económicas en 68 días de media, cuando un año antes el promedio alcanzaba las 126 jornadas. Una mejora sustancial (del 46%), pero insuficiente para cumplir con lo que establece la ley. Sólo el País Vasco aprueba, aunque por los pelos, con este requisito, al pagar a 30 días vista. Navarra (31 días) se queda a las puertas.

Al contrario que la diputación oscense, la turolense y la zaragozana pagan a los autónomos más tarde de lo debido. La de Teruel rebasa el máximo en dos días, mientras la de Zaragoza lo excede en seis fechas.

A nivel local, el Ayuntamiento de Zaragoza se queda a las puertas de la puntualidad. El informe de ATA sitúa en 32 días la demora media del Consistorio de la capital aragonesa, mientras que el turolense (65), presenta el peor guarismo de las tres capitales de provincia.

La presidenta de ATA en Aragón, Mayte Mazuelas, se muestra satisfecha, aunque todavía crítica con estos datos: “Estamos contentos, porque la tendencia va a mejor y parece que la voluntad es ir reduciendo estos plazos, nos vamos alejando de los ciento y pico días de retraso que nos encontrábamos antes. Es positivo ver que las instituciones se van acercando al cumplimiento de la Ley de Morosidad”.

“Sin embargo, no me parece bien que hagamos que lo anormal se convierta en normal. Hay que reclamar y exigir que se pague en tiempo y forma y conforme a la ley. Porque como incumplirla sale gratis, se acaba por no pagar. Pero si hubiera sanciones se pagaría a tiempo”, añade.

Mazuelas afirma que “al no pagar, se aboca a los autónomos a pasar apuros económicos y se pone en peligro sus negocios”. Además, apunta, “muchos trabajadores no pueden reclamar a las grandes empresas porque de esa forma se arriesgan a perder futuros pedidos, pese a que lo que están haciendo es pedir que se cumpla la ley”.

Los sectores más afectados por la morosidad son, según ATA, el transporte, la construcción y el sector servicios.