Once ayuntamientos pueden reclamar el fin de exenciones del IBI a la concesionaria de la AP-2

Once ayuntamientos aragoneses pueden reclamar desde el 31 de agosto de 2016 el fin de las exenciones en el pago del IBI a Acesa, la empresa concesionaria de la AP-2, que se ha beneficiado desde 1972 de una rebaja del 95 por ciento en el pago de este impuesto municipal.

El diputado de Ciudadanos en las Cortes de Aragón Jesús Sanso ha explicado este miércoles en rueda de prensa que la ley de autopistas estableció en 1972 una bonificación del 95 por ciento de la cuota anual del Impuesto sobre Bienes Inmuebles para la concesionaria en el tramo de la AP-2 que discurre por estos once términos municipales, que solo cobran, por tanto, el 5% del IBI.

Un real decreto de 1973 estableció la concesión de la AP-2 por un periodo de 25 años, pero posteriormente otro real decreto de 1998 la prolongó hasta el 31 de agosto de 2012, al tiempo que limitaba la citada bonificación hasta el 31 de agosto de 2016.

La exención acabó por tanto hace seis meses, y para Sansó es "muy triste" que nadie se haya dado cuenta de que Acesa tiene que pagar desde entonces el cien por cien del IBI, y no el cinco por ciento, a los once ayuntamientos por los que discurre la AP-2 en territorio aragonés, desde Alfajarín a Fraga.

Según sus cálculos, son 96 kilómetros los que discurren por territorio aragonés y que supondrían un ingreso de entre 25.000 y 30.000 euros por kilómetro si el IBI no estuviera bonificado.

Es decir, que un municipio como Villafranca de Ebro, por ejemplo, pasaría de cobrar 12.000 euros a Acesa en concepto de IBI a percibir 235.000 euros hasta el límite de la concesión, en agosto de 2021.

En total, serían tres millones de euros los que ingresarían estos municipios cada año en concepto de IBI hasta agosto de 2021, que equivale casi, ha recordado Sansó.

Casi tres millones de euros es la cantidad con la que el Gobierno de Aragón bonifica anualmente por peajes a Acesa y también a Avasa (concesionaria de la AP-68), según el diputado de Ciudadanos.

Los ayuntamientos, ha dicho, son quienes deben de adoptar la iniciativa para recuperar el cobro completo del pago del IBI, pero muchos de ellos no tienen recursos legales, materiales o humanos para emprender esta "aventura legal", en tanto en cuanto Sansó estima que la concesionaria intentará alegar la medida.

Por eso, Ciudadanos ha presentado una proposición no de ley en las Cortes de Aragón en la que pide al ejecutivo que asesore legal y técnicamente a estos ayuntamientos para el cobro de la tributación completa.

La petición la personaliza Ciudadanos en el consejero de Vertebración, José Luis Soro, a quien le piden que "lidere" la iniciativa y "haga valer la ley".