Por primera vez, en 2016 los grupos parlamentarios tuvieron voz y voto en la gestión de las cuentas del Gobierno de Aragón. Una enmienda introducida en la ley de presupuestos a instancia de Podemos permitió que las Cortes controlaran todas aquellas modificaciones superiores a 500.000 euros. Ello supuso que el consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, tuviera que dar explicaciones sobre los 61 expedientes que planteó ante la Cámara. Todos salvo uno –para la extra de 2012 de los funcionarios– salieron adelante, con lo que se movieron más de 133 millones siguiendo este protocolo. Ahora, este ejercicio de transparencia obligado puede jugar en contra del Ejecutivo de Lambán en la negociación de las cuentas de 2017 con Podemos, que ya no se fía de que Gimeno no vuelva a repetir la jugada y acabe desvirtuando tanto su propio proyecto económico como las enmiendas aprobadas en una hipotética tramitación parlamentaria.

A día de hoy, su negativa a sentarse a hablar y a permitir que se inicie el debate de las cuentas mantiene la incertidumbre sobre si el Gobierno llevará finalmente un proyecto de ley a las Cortes. Varias son las razones que esgrimen para recelar de los socialistas. Además del no que entienden que esta semana ha dado el presidente, Javier Lambán, a los 135 millones en cinco planes de empleo que exigían –su aceptación tampoco garantizaba la tramitación de los presupuestos–, arguyen la abstención del PSOE en Madrid para hacer presidente a Rajoy y su acercamiento en Aragón al PP para sacar adelante algunas medidas. Entre ellas, los podemistas destacan la ley aprobada para incrementar en 23,7 millones la financiación de la enseñanza concertada, que estaba infradotada. Pablo Echenique y los suyos lograron incluir en los presupuestos una enmienda para intentar evitar que se destinaran fondos extra a estros centros, pero el Ejecutivo logró burlarla.

Consciente de que no podía contar con Podemos para este remiendo presupuestario, el PSOE aprovechó la negociación abierta con los populares a raíz del duro revés que sufrió Gimeno cuando, apenas un mes después de aprobarse los presupuestos, PP y Podemos se unieron para tumbar dos de las primeras modificaciones sometidas a votación. Fueron las que tenían por objeto aumentar la dotación de las comarcas y devolver a los funcionarios parte de la extra suprimida en 2012. Populares y podemistas coincidieron en atribuir su voto negativo a que se pretendía sacar el dinero (8,8 millones para las comarcas y 5,5 para la paga) de partidas sociales.

Cambio de aliados

En abril, los de Echenique se encontraron con que PSOE y PP habían cerrado un pacto para solventar algunas de las carencias más acuciantes de los presupuestos y garantizar más fondos tanto para las comarcas como para otras partidas insuficientes de la enseñanza concertada, justicia gratuita, clubes deportivos y la extra (este punto se incumplió y solo se abonó en 2016 un tercio del 75% pendiente). Fue el primer aviso que Lambán lanzó a Podemos de que podía articular una mayoría alternativa a la que le dio la investidura para cuestiones en las que el PSOE tiene a priori mayor sintonía con los populares.

La formación morada interpretó que aquella alianza era un ensayo de la "gran coalición en Aragón" y reprochó a Lambán su "derechización", un discurso en el que han insistido en los últimos meses, al tiempo que se reafirmaban en que la "desastrosa" gestión del Ejecutivo se había traducido en "más recortes sociales".

Como ha repetido la oposición, la estrategia de Fernando Gimeno ha consistido, en numerosos casos, en "desvestir un santo para vestir otro", trasvasando cantidades millonarias para parchear unas cuentas que nacieron con claras carencias. Un ejemplo palmario fue la maniobra para incrementar los fondos del Ingreso Aragonés de Inserción (IAI) a costa de reducir en 10,5 millones de un plumazo la partida para dependencia. Ante este tipo de dilemas, la oposición optó en esta y otras ocasiones por la abstención para mostrar su desacuerdo sin bloquear la gestión de la DGA en áreas sensibles.

Casi la mitad de los más de 133 millones que han cambiado de destino, 58 millones, han servido para pagar nóminas y otros gastos de personal de la mayoría de consejerías, organismos dependientes de ellas y empresas públicas. El Departamento de Educación es el que se lleva la palma, con 48 millones extra. De hecho, uno de sus expedientes, aprobado el 12 de diciembre, fue el más cuantioso, casi 30 millones para pagar los salarios de ese mes al profesorado. El mismo día, se dio el visto bueno a otro de 2,8 millones para los sueldos del personal de administración y servicios.

La otra gran partida educativa que hubo que mover en la Consejería que dirige Mayte Pérez fueron los 13 millones para pagar los meses de verano a los interinos, una medida que se anunció con el presupuesto ya aprobado.

Cuentas "irreales"

Todos estos movimientos, más o menos previsibles, llevan a Podemos a concluir que las primeras cuentas del Gobierno PSOE-CHA eran "igual de irreales" que las del PP-PAR que tanto criticaron los socialistas. Y su malestar se incrementó todavía más al enterarse de que el Gobierno no había incorporado al presupuesto varias de sus enmiendas.

"Las cuentas se ejecutan de una manera que tiene poco que ver con lo aprobado", denuncia Héctor Vicente, portavoz de Podemos en la comisión de Hacienda de las Cortes. Pero confía en que el control parlamentario de las modificaciones que su grupo promovió contribuya en el futuro a que "se cumplan en mayor grado". Su balance de la aplicación de esta medida es "rotundamente positivo" porque ha servido, afirma, "para hacer más conscientes a los ciudadanos de cómo se gestiona y a los grupos parlamentarios, de los problemas, además de que implica que estos deben corresponsabilizarse de las decisiones del Gobierno".