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Aragón

La DGA 'aclara' las sombras de la TDT para cerca de 191.500 hogares aragoneses

El Gobierno de Aragón cumple así con una instrucción europea que declaraba ilegales las ayudas a la TDT. No se prevén costes para los usuarios.

Unos 191.500 hogares aragoneses están afectados por este contrato, según la DGA.
La DGA 'aclara' las sombras de la TDT para cerca de 191.500 hogares aragoneses
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La TDT es, quizás, uno de los avances tecnológicos que más quebraderos de cabeza ha dado en los últimos años. Desde el 'apagón' analógico de 2009, resintonizaciones, mudanzas de frecuencia y zonas de sombra e interferencias múltiples no han hecho más que importunar a los consumidores de televisión. Aún más, si cabe, a los que tienen su residencia en zonas rurales. Porque la recepción de la señal TDT hasta estos núcleos de población en las mismas condiciones que en las ciudades sigue siendo, aún hoy, un asunto con el que lidiar.

Así se desprende de la reciente licitación, por parte del Gobierno de Aragón, de un contrato para llevar los contenidos de la televisión digital terrestre hasta las "zonas remotas y menos pobladas" de Aragón. El presupuesto base de licitación asciende a dos millones de euros sin IVA y, de acuerdo con los cálculos realizados por los técnicos del departamento de Innovación, Investigación y Universidad, responsable del proceso, están afectados cerca de 191.500 hogares aragoneses en los que residen algo más de 210.000 personas. [Consulte el listado de localidades pinchando aquí]

En el listado de núcleos de población afectados, elaborado por la consejería de Pilar Alegría y que se extiende a lo largo de 24 páginas, aparecen 831 lugares de Aragón. Se trata, sobre todo, de aldeas de las tres provincias en las que apenas hay un puñado de casas, pero estas poblaciones no son las únicas, porque también se relacionan cabeceras de comarca, pequeños ayuntamientos e, incluso, las tres capitales de provincia. En concreto, se consideran zonas de sombra un 10% de Zaragoza, Huesca y Teruel, unas zonas urbanas en las que residirían unas 73.500 personas, de acuerdo con la DGA.

Obligados por la UE

Desde el departamento de Innovación, Investigación y Universidad han señalado que esta es la primera vez que se licita un contrato de este tipo y han explicado que el mismo tiene su razón de ser en una instrucción europea "que obliga a España a licitar de forma neutral para no imponer ningún sistema de difusión de la señal, ni terrestre ni satélite".

La cuestión se remonta al año 2013, cuando la Comisión Europea (CE), tras una denuncia del operador de satélites SES Astra, tachó de ilegales las ayudas que había dado el Estado a las operadoras de televisión (unos 260 millones de euros) para que el 4% de la población española que vive en zonas remotas recibiera la señal TDT en las mismas condiciones que el resto del país.

Tal y como han abundado desde la DGA, se determinó entonces que fueran las comunidades autónomas las encargadas de materializar lo dictado por Bruselas. Este mismo año, otras comunidades como Baleares o Andalucía han licitado el proceso que ahora está en curso en Aragón. A este contrato se le ha denominado pliego neutro "para no beneficiar a ninguna de las tecnologías (satélite, terrestre o cable) frente a otra", han añadido fuentes del Gobierno aragonés.

Sin repercusión para los usuarios

Los aragoneses que residan o tengan una segunda vivienda en núcleos de población afectados por esta coyuntura no tienen de qué preocuparse, según se desprende del contrato, porque el servicio existente de TDT continuará operativo. Para ello se ha diseñado un plan de ejecución en cuatro fases y se ha contemplado que la Administración asuma los costes de operación y mantenimiento si se produjera un periodo de transición en el periodo de puesta en servicio. También de los pliegos se desprende que los ciudadanos no tendrán que asumir ningún coste de ser necesarios adquirir accesos o equipamientos adicionales, pues el adjudicatario tiene por contrato la obligación de facilitarlos.

La DGA admitirá las ofertas de las empresas interesadas hasta el 9 de enero. Después, se tardará algunas semanas en completar el proceso. En cualquier caso, el contrato arrancará ya en 2017 y se extenderá, al menos, hasta 2020. Después cabe una prórroga de dos años.

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