Guillén cifra en 7.566 millones la deuda histórica del Estado con Aragón

El consejero de Presidencia, Vicente Guillén, ha hecho públicos los datos del primer informe que se realiza sobre la deuda histórica del Estado con la Comunidad Autónoma, que se cifra en 7.566 millones de euros.

En su respuesta a una interpelación de la diputada del PAR María Herrero, Guillén ha dividido esta deuda en 835 millones de euros por mermas tributarias, 535 como déficit por la no financiación del gasto comprometido en dependencia, 76,6 en materia de educación, a los que hay que sumar otros 5,6 millones por el coste de la implantación de la Lomce, 4.887 por infraestructuras y 1.227 de sanidad.

Este documento, presentado en las Cortes para que sea consensuado con todos los grupos parlamentarios, contiene cifras "rigurosas", por lo que tiene "más credibilidad", ha señalado.

Precisamente, la deuda histórica debe ser uno de los asuntos a tratar en la Comisión Bilateral Aragón-Estado que, tras la formación de Gobierno, "se tiene que hacer ya", junto a la necesidad de un acuerdo económico-financiero, la ejecución en plazo de las obras del pacto del agua, el respeto al Plan de Cuenca del Ebro o reivindicar el papel de Aragón en relación al encaje de Cataluña y el retorno de los bienes religiosos recluidos en Lérida.

A ellos habría que añadir, según Guillén, el "menosprecio" a la situación de Zaragoza como nudo logístico, las conexiones ferroviarias con el Mediterráneo, el Cantábrico y el sur de Francia y una adecuada dotación de los servicios sociales, sanitarios y educativos.

Para ello, el nuevo sistema de financiación autonómica ha de hacerse teniendo en cuenta los cálculos de los costes reales para "tratar igual a los iguales", ha defendido.

En su intervención, el consejero de Presidencia ha reprochado al PAR el poco éxito que ha tenido a la hora de reivindicar la deuda histórica, ya que ha estado en prácticamente todos los gobiernos autonómicos desde la aprobación del Estatuto y el resultado de la bilateralidad en la anterior legislatura fue "sencillamente malo".

Asimismo, ha reconocido que en los últimos ejercicios la deuda histórica alcanza el carácter de "preocupante" en materia de obras públicas debido a la diferencia entre lo presupuestado y lo finalmente ejecutado.

Ha añadido que Aragón lleva sufriendo déficit de infraestructuras "durante décadas", lo que ha contribuido a "desvertebrar" el territorio, y ha citado proyectos truncados o retrasados como la Travesía Central del Pirineo, la reapertura del Canfranc, el desdoblamiento de la N-232 y la N-II o la autovía Pamplona-Huesca-Lérida.

Guillén ha hablado también de discriminación con otros territorios, especialmente los del litoral, dado que por ejemplo se construyó una prolongación del AVE a Tarragona mientras Teruel quedaba fuera de la línea a Valencia, o que una de las mayores plataformas logísticas de Europa, como es Plaza, se hizo sin la aportación de "un solo euro" por parte del Gobierno central.

Ha recordado también la aportación de Aragón al Estado en lo relativo a materias primas con el carbón de Teruel o con las infraestructuras hidráulicas.

María Herrero, por su parte, ha reclamado que se incluyan también las pérdidas ocasionados por la exclusión en la recepción de fondos europeos, que arrojarían unas cantidades "que no podemos despreciar".

Del mismo modo, ha lamentado que haya otras comunidades autónomas que hayan tomado ventaja a la hora de reivindicar su deuda histórica cuando Aragón, por "estatuto, historia y derechos", tendría que ser "punta de lanza" en este sentido.

Por ello, ha pedido que "no pequemos de discretos" porque si Aragón no está mal pese a que desde los sucesivos gobiernos de España se haya apostado por un modelo "desvertebrador" es por sus recursos propios.

No defiende ni "privilegios" ni "asimetrías", ha subrayado, pero sí igualdad de desarrollo y bienestar para las personas "vivan donde vivan", algo que cree que "desde luego" no ha ocurrido con Aragón.

En este sentido, la diputada aragonesista ha recordado el Artículo 88 del Estatuto de Autonomía, que habla de "lealtad institucional, coordinación y ayuda mutua" en las relaciones con el Estado y ha considerado que la bilateralidad es la "única oportunidad" para resolver problemas "enquistados" desde hace años.