Los 62.000 beneficiarios aragoneses del recibo de luz bonificado temen perder su derecho

La sentencia dictada la semana pasada por el Tribunal Supremo echando por tierra el sistema de financiación del bono social eléctrico (el descuento que se aplica en el recibo de la luz a algunos consumidores) ha generado inquietud entre las más de 62.000 familias aragonesas que ahora se benefician de esta medida. El Alto Tribunal declaró inaplicable el actual régimen de pago del bono social porque entiende que el modelo aprobado por el Gobierno del PP es incompatible con la normativa comunitaria, al hacer recaer sobre las eléctricas el coste de esta bonificación.

Aunque los beneficiarios saben que el auto del Supremo no anula el bono social como tal, sino que cuestiona cómo y quién debe pagarlo, temen que este varapalo judicial sea aprovechado por el Ejecutivo para modificar los requisitos que ahora rigen para poder beneficiarse de esta subvención en la tarifa de la luz.

En la actualidad, pueden solicitar este descuento los usuarios con una potencia eléctrica contratada en su vivienda habitual inferior a tres kilowatios (3 kW). En este supuesto, la rebaja lo aplica la compañía eléctrica automáticamente. Asimismo, pueden tramitarlo los usuarios con una potencia contratada superior a los 3kW e inferior a los 10kW, siempre que pertenezcan a alguno de estos grupos: pensionistas de más de 60 años con prestación mínima de jubilación, incapacidad permanente o viudedad; familias numerosas y aquellas en las que todos sus miembros estén en paro. En todos los casos, se aplica un descuento del 25% sobre la antigua tarifa regulada, hoy denominada PVPC (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor), que pretende proteger a los hogares con menos posibilidades económicas.Críticas de las eléctricas

En Aragón, según los datos facilitados por Endesa, el total de familias beneficiadas en 2015 por este descuento fue de 62.312 (61.597 hasta septiembre de este año). De ellas, 42.924 lo percibieron por tener una potencia contratada inferior a 3kW; 11.731 eran pensionistas; 5.414, familias numerosas y los 2.243 restantes eran familias con todos sus miembros desempleados.

Estos datos son similares, en cuanto al perfil de los beneficiarios, al resto de España: de los 2.418.523, 1.844.889 tenían el descuento en 2015 por contratar una potencia por debajo de los 3kW; 310.549 eran pensionistas; 195.001, familias numerosas y 68.084, familias con todos los miembros en paro.

Casi desde el principio de su puesta en marcha, las eléctricas han cuestionado que esta tarifa bonificada esté cumpliendo los objetivos para los que fue creada. Además, critican que tengan que financiarla ellas. Endesa, en su última junta de accionistas, planteó dejar el bono solo para los usuarios realmente desfavorecidos económicamente y anularlo para los colectivos genéricos (como familias numerosas, solo por el hecho de serlo; o las que tienen contratada una potencia eléctrica baja). Plantean también que estos descuentos estén vinculados a las rentas familiares. En esto coinciden con los consumidores, que piensan que es posible definir mejor a qué colectivos va dirigido.El nuevo método, en el aire

Tras la sentencia, el ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos (con las competencias de Industria, tras la dimisión de José Manuel Soria), dijo que "evidentemente", el Gobierno cumplirá el auto del Supremo aunque no avanzó qué fórmula podría proponer para su financiación.

Lo que temen las asociaciones de consumidores es que esa bonificación la acaben pagando todos los usuarios en sus recibos. José Ángel Oliván, presidente de la Unión de Consumidores de Aragón (UCA), explicó que la preocupación es que, como consecuencia de la sentencia del Supremo, la cuantía del bono social se financie mediante una nueva subida de la luz: "Repercutiendo el incremento –dijo– en la parte fija de la tarifa, la que se calcula para la potencia contratada, el peaje eléctrico". Por su parte, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) consideró que además de la financiación, es urgente una reforma de las condiciones de acceso al bono social, de forma que llegue a todos los consumidores que se encuentran en una situación precaria, ya que, a su juicio, el actual no cumple esa función.